Artículo de fondo: Primer lugar
Por: María Fernanda Martínez Núñez
Era agosto de 2008 cuando Raúl y José Salvador Trujillo Herrera fueron desaparecidos en el estado de Guerrero. Dos años más tarde, sus hermanos, Gustavo y Luis Armando, tuvieron el mismo destino. A la fecha, se desconoce su paradero.
Por más de una década su madre, María Herrera Magdaleno, ha sido parte del movimiento de madres buscadoras con el objetivo de encontrar a sus cuatro hijos. Pese a ser una labor que le correspondería a las autoridades, en 2014 ayudó a fundar una red nacional de colectivos nacionales para enseñar a las personas cómo investigar la desaparición de un ser querido.
Su insaciable sed de justicia la ha convertido en una de las figuras más prominentes de las miles de madres buscadoras que hay por todo el país. Su actitud frontal hacia el gobierno la hizo merecedora de ser reconocida como una de las 100 personas más influyentes del mundo, en el listado de la revista Time, en 2023.
Ciara Nugent, escritora del semanario, aseguró que la lucha de Herrera Magdaleno por los desaparecidos aumenta la presión sobre el Gobierno de México para que responda ante la crisis nacional. Sin embargo, ella es sólo una de las cientos de miles de madres buscadoras que hay en el país que no solo buscan a sus seres queridos, sino que también exigen justicia.
Hasta el 17 de abril de 2023, se habían reportado 111 mil 980 personas desaparecidas y no localizadas en el país desde 1921, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
El contexto violento que se vive en México provoca que año con año aumente el número de desaparecidos. De acuerdo con el informe Voces contra la Indiferencia de Artículo 19, basado en datos oficiales, en los primeros cuatro años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador el número de víctimas de desaparición aumentó 300%, en comparación con el mismo periodo del sexenio de Felipe Calderón y 60% más que el de Enrique Peña Nieto.
Esta situación ha provocado que más personas se sumen a los colectivos de búsqueda quienes, ante la incertidumbre del paradero de su ser querido, se meten hasta las entrañas de territorio desconocido. En medio de su desesperación, llegan a encontrar información relacionada con la sustracción de sus hijos, hermanos o nietos, algo que les hace ser susceptibles a convertirse en víctimas de la comisión de un delito.
De agosto 2012 a agosto de 2022, al menos 226 personas sufrieron alguna agresión en represalia por sus acciones de búsqueda, de acuerdo con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos. Sin embargo, lo más alarmante es que en este sexenio “libre de impunidad”, 109 personas buscadoras sufrieron ataques perpetrados entre 2019 y 2022.
Se desconoce si es el crimen organizado o el propio gobierno quien marca a las buscadoras más reacias y las manda silenciar para siempre. Brenda Jazmín Beltrán, Jorge Ulises Cardona Zavala, Grisell Pérez Rivera, Blanca Esmeralda Gallardo y Ana Luisa Garduño Juárez, son algunas de las víctimas que por negligencia del gobierno fueron asesinados en 2022, en relación con la lucha por los desaparecidos.
Es alarmante e incluso ofensivo pensar que justamente, quienes nadan en medio de la incertidumbre buscando pistas de sus seres queridos, deben recobrar fuerzas para encontrar a sus seres queridos en las miles de fosas clandestinas que hay por todo el país.
Pero para el gobierno, eso es un tema secundario que mancha su imagen de “el pueblo primero” y se enfocan en crear una narrativa ficticia, donde en cada conferencia de prensa aseguran que todo está mejor que antes y los males del presente son consecuencia de los gobiernos anteriores.
