Por Camila Gómez
Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) dejaron claro que este organismo no tiene la facultad para invalidar candidaturas en la elección judicial, ya que la revisión de los perfiles de los aspirantes fue responsabilidad de los tres comités de evaluación, uno por cada poder de la Unión, y no del INE.
Durante su reunión semanal, los integrantes del Consejo General abordaron el tema y, de forma poco común, todos estuvieron de acuerdo en que tanto la reforma constitucional como la legislación electoral vigente los dejaron fuera del proceso de registro de postulaciones.
Al ser consultada, la consejera Norma de la Cruz explicó que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha recibido diversos oficios con solicitudes que serán respondidos de manera formal en la sesión del consejo general programada para este jueves.
“Vamos a emitir la respuesta institucional, y también es relevante subrayar que resulta curioso que nos pidan cancelar registros. Es fundamental que la ciudadanía sepa que en este proceso el INE no realizó inscripciones; por lo tanto, no podemos eliminarlas”, indicó.
La consejera añadió que se deben poner las cifras en contexto, debido a que se habla de 26 casos señalados por el Senado de la República como presuntas candidaturas irregulares, frente a un total de 3 mil 414 postulaciones incluidas en las boletas.
“Es positivo que se tomen medidas para identificar a quienes no cumplen con los requisitos, pero el Senado fue designado como el enlace entre los comités de evaluación de los tres poderes y el INE, para hacer llegar la información sobre las candidaturas”, señaló.
Por ello, “no es lo mismo que nos digan ‘INE, estos ya no participan’ a que nos digan ‘INE, sácalos del proceso’; nosotros no tenemos esa capacidad legal”.
Finalmente, recordó que el instituto podría revisar el tema en una etapa posterior, una vez concluidos los comicios y tras conocerse los resultados oficiales de los cómputos.
“En este momento procesal no podríamos dar una respuesta afirmativa, porque ni el diseño del registro ni su supervisión estuvo en nuestras manos”, concluyó la consejera.
