Por Sebastian Rocha Coria 

Un crimen de odio es un delito motivado por la intolerancia, los prejuicios y la discriminación hacia una persona o un grupo, debido a características como su orientación sexual, color de piel, identidad de género, discapacidad, etcétera.

La violencia contra la comunidad LGBT+ en México ha ido en aumento en los últimos años, en 2018 hubo 46 delitos y se incrementó a 76 en 2022. Para 2023, se reportaron 66 asesinatos, y el año pasado 2024 ascendieron a 146. Igualmente, 59 personas transgénero fueron asesinadas, posicionando a nuestra nación como el segundo país con más transfeminicidios.

La Ciudad de México fue la entidad con más casos de violencia en 2024, con 31 incidentes, representando un incremento de más de 1.500% respecto de los dos casos registrados en 2023. Le siguen Nuevo León y Oaxaca con 10, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT.

Es preocupante que los delitos de odio han crecido, las autoridades están permitiendo que las agresiones continúen y no disminuyan. Llama la atención que siendo gobernados por un gobierno de izquierda que se supone que debería de ver por la seguridad de la comunidad LGBT+ no lo ha hecho.

Sobre todo la capital del país que es la que más se enorgullece, por sus políticas pro LGBT+ es irónico que no ha hecho nada para frenar está situación que de continuar así, nos estaríamos convirtiendo en el estado más peligroso para la comunidad gay. Tomando en cuenta que 5 millones de mexicanos se identifican como parte de la comunidad LGBT+; es decir, una de cada 20 personas en el país. Según el INEGI (2021).

Pero lo más alarmante es la violencia hacia las personas trans, en 2023 las agresiones por identidad de género, 65% corresponde a mujeres trans con 43 casos. La tasa de homicidios supera por más del doble a la tasa de las mujeres cisgénero en México, para las primeras, se estima una tasa de 13.6 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa general de homicidios de mujeres cis reportada por el INEGI en 2021 equivale a 6 por cada 100 mil habitantes.

En otras palabras en la República mexicana una mujer trans tiene el doble de posibilidades de ser asesinada que una mujer cisgénero; sin embargo, la difusión sobre este problema es muy poca, tanto que ni se menciona en los medios de comunicación. De igual manera, en los registros del gobierno, ya que es increíble que el INEGI no tenga cifras actualizadas desde 2021.

La mayoría de las denuncias no se investigan como crímenes de odio, algunas veces se reportan con los nombres asignados al nacer de las víctimas, lo que provoca que queden en impunidad e invisibilidad  por la sociedad, los medios de comunicación y el Estado.

También la manera en que suceden son diferentes, en las mujeres son vinculados por violencia familiar, feminicidios. Los asesinatos de mujeres trans frecuentemente son motivados por el odio y prejuicios, ambos casos lamentables.

¿Qué se puede hacer? Antes que nada que las autoridades asignen los casos como transfeminicidios y den el seguimiento a las amenazas por homofobia y transfobia; por otro lado, como sociedad es importante fomentar el respeto dentro de nuestras familias y enseñar que existen diversas formas de amar y de género, para así evitar la violencia física como psicológica en contra de la diversidad.

México aún está a tiempo de reducir la violencia en contra de la comunidad LGBT+ y evitar que las cifras crezcan, como mexicanos ser conscientes que matar a una persona por sus preferencias o estilo de vida es una fechoría atroz. ¿No nos basta con la ola de violencia y asesinatos que ya de por sí vivimos como para crear más desgracias?