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Por: Emiliano Jijón
Como en cada inicio de año, diversos medios difunden la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo. Hay dos consultoras que son citadas en notas o artículos periodísticos, una de ellas es el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP) que estableció un ranking 2023, derivado de los datos de 2022. Esta organización esclarece que este ranking tiene un objetivo político, el cual es llamar la atención sobre la violencia en las ciudades, sobre todo en América Latina: “Para que los gobernantes se vean presionados a cumplir con su deber de proteger a los gobernados, de garantizar su derecho a la seguridad pública.”
La segunda citada y con datos más recientes de 2023 es el World Population Review, organización independiente que analiza datos demográficos y de población, de los cuales derivan tópicos como la violencia.
Al citar estos rankings, la mayoría de los medios ponen énfasis en dar a conocer si algunas ciudades escalaron en la posición, si acaso otras desaparecieron o si no aparecen entre los primeros lugares, como es el caso del medio colombiano, La república, que menciona que del último ranking (2023), ninguna ciudad colombiana aparece entre las primeras 20 con índices preocupantes.
Incluso, algunos presidentes o gobernantes han presumido la desaparición de sus ciudades o el descenso de estas en la lista, como el presidente de Colombia Gustavo Petro, quien mostraba este ranking en sus redes sociales para evidenciar la reducción de la violencia durante su mandato. Por supuesto, esto también implica un uso político, tema que podríamos analizar en otra ocasión.
Sin embargo, estos datos contrastan, pues de acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este país se mantiene como el segundo con la tasa de homicidios más elevada de Sudamérica. Entonces, a pesar de que el último ranking del CCSPJP (2023) no muestre ciudades colombianas entre las primeras 20 o 30, al menos en su región la violencia continúa.
En el caso de México, al ver estos dos rankings, hay ciudades que se mantienen o que escalan en la lista como Tijuana y Acapulco, que encabezan la lista del World Population Review. En los datos obtenidos en 2022 y que se publicaron en 2023 Tijuana no figuraba como la ciudad más violenta en estas estadísticas, pero ahora encabeza esta lista. Una situación importante es que estos rankings, sólo miden la tasa de homicidios. Pero entonces ¿qué podría explicar estas variaciones de los lugares que ocupan las ciudades?, y ¿qué abona a que la violencia se mantenga? Además ¿qué están haciendo los gobiernos locales y el gobierno federal por detener la violencia en estas ciudades?
Sin duda, el impacto de estas listas es muy grande, aunque no se necesite tenerlas presentes para medir el nivel de violencia en el país. La inseguridad es un ambiente palpable a lo largo y ancho de la mayoría de las ciudades mexicanas, estén mencionadas en estas listas o no. En 2023, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Instituto Nacimiento de Geografía y Estadística (INEGI), más de 64% de la población (mayores de 18 años) considera inseguro vivir en su entidad.
La cuestión del narcotráfico
Es cierto que la tasa de homicidios puede provenir de otros elementos y sucesos no ligados con la violencia de los cárteles, también es cierto que la violencia no sólo se mide en hechos dolosos, como los asesinatos, pero sin duda uno de los factores que alimenta la violencia es el narcotráfico y a su vez, hay múltiples factores que abonan al fenómeno del narcotráfico. Las condiciones de marginación, la falta de empleo, las adicciones y los conflictos por recursos naturales, son cuestiones que se enraízan y que son muy bien aprovechadas por los carteles para reclutar personas. Todo esto se va traduciendo en fructíferas ganancias para el narcotráfico, pues en esencia, todo esto es un negocio en el que los cárteles funcionan casi como empresas, insertando parte de sus ganancias en la legalidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Una ciudad que adolece estas operaciones y la presencia del crimen organizado es Tijuana, que es una gran puerta de entrada y de salida para el crimen, pues hace frontera con Estados Unidos. Miles de personas cruzan las garitas diariamente, e igualmente, transitan los negocios de las drogas, las armas y sobre todo la extorsión y el cobro de piso; por ejemplo, hace algunos años, se hablaba del cobro de piso a negocios y empresas que iba desde los 400 pesos semanales hasta los 3 mil dólares por mes.
Otro de los grandes negocios, es la prostitución, derivada del tráfico de personas que surge a lo largo del país y que cruza las fronteras. Y justamente en este punto geográfico del norte del país es donde los cárteles más se enquistan, pues como zona estratégica, necesitan controlar el lugar, elevando la tasa de violencia confrontando a otros cárteles y esparciendo el narcomenudeo.
Uno de los casos más graves de violencia, es el del estado de Chiapas, también localidad fronteriza que, en diferentes testimonios podemos encontrar víctimas de trata que provienen de esta entidad. En este estado, el año pasado se vivió una ola de violencia que entre sus consecuencias provocó el desplazamiento de las comunidades zapatistas.
Chiapas además, es uno de los estados más pobres de acuerdo con los datos de organismos como el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política y Desarrollo Social (CONEVAL). Los enfrentamientos que se registran son entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación.
Rutilio Escandón, gobernador del estado, en una declaración mencionó que en Chiapas se vivía en paz y que las acusaciones de que hay violencia en el estado, tienen otros intereses, pero recientemente se ha podido documentar el desplazamiento en comunidades como Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia, donde según el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, son al menos 3 mil familias las que han tenido que abandonar sus casas a causa de la violencia. Pues uno de los controles estratégicos una vez más, se da en la frontera, esta vez en el sur; singularmente, en esta región el paso de migrantes también es un “negocio” de los cárteles que se enfrentan por su control.
Cabe la pregunta, ¿cómo se abordan las causas sociales y económicas que terminan siendo aprovechadas por el narcotráfico y que desembocan en los índices altos de homicidios y violencia en México? Porque hay que aclarar por supuesto, que no pretendo establecer o justificar la fórmula de “pobreza=violencia”, sino tratar el tema de que uno de los factores que abona a la violencia, es la actividad del narcotráfico y que son estos grupos delictivos quienes aprovechan la situación económica y social del país, además que su origen se deriva de las mismas causas que generan la desigualdad en un sistema económico y político del que su lucro y ganancia se basa en la pobreza de miles y el enriquecimiento de unos pocos, en esa lógica, se inserta la violencia y los múltiples factores que la preceden.
Es entonces, que las políticas de estado y de gobiernos locales, no obedecen a atacar los problemas de raíz, sino dar medidas totalmente superficiales que no abonan en las causas que nutren las filas del narcotráfico y su actividad.
Por ejemplo, en el caso del gobierno de Celaya, uno de los estados donde ha repuntado el ambiente de inseguridad, el secretario de seguridad ciudadana anunció en 2022 que, en su plan de seguridad para ese año, se contemplaba el rescate de los espacios públicos y la realización de actividades de prevención del delito. Sin embargo, a principio de diciembre del 2023, cinco estudiantes de esa ciudad fueron asesinados.
Por supuesto que el tema de la violencia es muy amplio, abarca muchas dimensiones y se actualiza de forma cuantitativa y cualitativa cada año. Pero las raíces no son difíciles de rastrear y son palpables para más de 50 millones de pobres en el país, los cuales no necesitan de rankings para conocer cuán acelerado está el fenómeno de la violencia.
También se hace necesario, poner énfasis en que a medida que avanza la violencia, también avanza el hartazgo de las principales víctimas de los carteles, como el caso de los campesinos pobres de Texcaltitlán en el Estado de México que eran extorsionados por miembros de la familia michoacana. Pues estos escenarios, empezaran a recurrir con más frecuencia y serán ejemplos que se repliquen para muchas otras comunidades azoladas por la violencia. La necesaria atención a las causas de la violencia pasa por atender las necesidades económicas de las capas más populares y a profundidad, un cambio de sistema económico que no dinamice y no contenga dentro, el germen de la violencia. Sino todo lo contrario.
El periódico-taller Diálogos es una publicación digital bimestral, realizada por estudiantes de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con la coordinación del Departamento Editorial de la institución.
