Reportaje
● Complicidad institucional
● Estrategias de encubrimiento clerical
● Intimidación, sobornos y amenazas
Por Andrea García Ruiz y Friné Cariño Medina
El abuso sexual y la pederastia en el seno de la Iglesia católica constituyen un tabú que ha derivado en el silenciamiento de las víctimas. Las autoridades mexicanas también son responsables de esta impunidad, pues al informar a la institución religiosa, contribuyen a que no se castigue a los responsables. Este trabajo busca demostrar que, a pesar de las denuncias existentes, las sentencias contra miembros del clero son escasas.
Desde 2018 no se ha hecho pública ninguna condena contra líderes religiosos, salvo el caso de Jesús Romero Colín, quien consiguió que su agresor permaneciera en prisión hasta su fallecimiento en 2020. Pero ¿qué sucede con los casos recientes de pederastia clerical?
Durante esta investigación, localizamos tres casos en los que sacerdotes abusaron sexualmente de menores. Al solicitar información sobre las sanciones o procesos legales en curso, pedimos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) un conteo específico sobre estos delitos. Su respuesta fue la siguiente:
“Se le hace saber que la estadística de la información solicitada no se encuentra sistematizada con el nivel de desglose que requiere el solicitante; por lo que no puede proporcionarse en los estrictos términos requeridos, pues de acceder a lo contrario implicaría un análisis, estudio y procesamiento de la información.”
La FGJCDMX también explicó que elaborar este estudio requeriría recursos humanos y materiales fuera de su alcance. Además, proporcionó un enlace con estadísticas generales sobre delitos sexuales, pero la pederastia aparece clasificada como “otros”, sin especificaciones.
En 2021, Franco Coppola, arzobispo católico italiano y embajador del Vaticano en México, elaboró un informe en el que la Iglesia reconoció que 328 sacerdotes locales habían sido acusados de pederastia y abuso sexual. De estos, 134 fueron retirados de manera definitiva, mientras que 60 continuaron en sus funciones por considerar que no representaban una amenaza, ya que habían cometido “abusos leves y no repetidos y no estaban enfermos psicológicamente de ninguna manera para retomar el sacerdocio”. Éste fue el último reporte oficial difundido por un miembro del clero a una institución privada.
El caso más reciente ocurrió en 2024. Jacinto “N”, sacerdote, fue denunciado por su asistente de 20 años, quien aseguró haber sido sometido sexualmente. Sin embargo, el proceso judicial quedó sin difusión y, hasta ahora, no se conocen avances.
Justicia a medias
Los delitos sexuales cometidos por clérigos siguen dos rutas: la civil, a cargo de las autoridades mexicanas, y la eclesiástica, bajo el Tribunal Eclesiástico Metropolitano de México. Ambos sistemas deberían proteger a la víctima y esclarecer los hechos. No obstante, en la práctica, el proceso se convierte en una persecución contra el denunciante.
La periodista María Eugenia Jiménez Cáliz, especialista en estos temas y miembro de la organización Spes Viva —que apoya a víctimas de abuso sexual— relató que muchas veces los afectados reciben ofertas económicas para reparar el daño y firmar documentos ante notario, con el fin de silenciar el caso y evitar que llegue a los medios de comunicación.
En ocasiones, la presión trasciende lo económico. Los abogados del tribunal eclesiástico pueden intimidar a las víctimas con amenazas de demandas por difamación, como sucedió con cuatro mujeres en Chiapas, abusadas por un sacerdote y una madre superiora.
El modus operandi
Jesús Romero Colín confirmó este proceder de la Iglesia durante una entrevista exclusiva. “Cuando yo estaba en el Bunker, poniendo la denuncia no pasaron ni cinco minutos y ya había un cura en mi casa hablando con mis padres. Ya me tenían ubicado, ya sabían que yo iba a poner mi denuncia. Me estuvieron visitando semana tras semana durante seis meses, me querían ofrecer dinero, pero yo me negué (…) Ese es el modus operandi.”
Romero, psicoanalista y acompañante de víctimas de estos delitos, señaló: “No sé si es más pesado el abuso sexual, que enfrentó hace casi 20 años, y mi estadía en la Iglesia o el proceso legal en la Fiscalía.” Comentó que muchas personas desisten de denunciar por el desgaste emocional que implica.
En su consultorio recibe a quienes han vivido experiencias similares. Algunos buscan apoyo psicológico; otros, simplemente ser escuchados. Su historia inspira a muchas personas a romper el silencio.
“He hablado con víctimas y es súper difícil, porque llega la víctima aquí y me dice: ‘Oye, me abusó tal cura.’ Le pregunto: ‘¿Qué quieres?’ ‘No pues que se vaya a la cárcel, pero está súper difícil.’ Me preguntan si hay garantía para ir a la cárcel, pero no hay garantía”, aseguró.
Según Jesús Romero, demostrar estos crímenes es complicado, porque las pruebas no siempre son accesibles.
“La calidad del delito no es algo que se haga público, estás en una cuestión donde todo está oculto. No digo que no haya pruebas, hay más pruebas que se pueden obtener a partir de los peritajes psicológicos (…), pero es muy complicado comprobar estos delitos y ahí entra la perversión de la Iglesia”, añadió.
Cinco años después de la muerte de su agresor, Romero recuerda el proceso de apelación: “Sí me hubiera gustado que pasara más tiempo en la cárcel, que no hubiera sido tan rápido. En realidad, pasó poco tiempo en la cárcel y no se logró una sentencia fija porque él apeló. Íbamos por la tercera apelación, que era la última, pero en eso cayó la pandemia y murió. De todos modos, iba a estar allí y no iba a salir”, destacó.
Fiscalía y clero: complicidad compartida
La revisión de condenas muestra que rara vez se abren carpetas de investigación o se da seguimiento a los casos. Esto ocurre porque las víctimas son hostigadas tanto por clérigos como por funcionarios de la Fiscalía General de Delitos Sexuales para desistir de sus denuncias.
Jesús Romero relató que durante su proceso intentaron que abandonara la acusación contra Carlos Valdés. “Hubo una vez bien horrible, porque mis abogados no habían llegado y me había citado la Fiscal, porque se supone que iban a hacer una diligencia citando a los obispo. Me reciben, fácil cinco abogados de la Fiscalía de Delitos Sexuales, y yo les digo: ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer la diligencia?’ Y ellos me dicen: ‘No, te citamos para que firmes de que ya vas a desistir de tu caso, porque ya prescribió.’ Estuvieron hablándome en términos legales que yo no entendía y diciéndome que mi caso se iba a archivo (…) Me fui de ahí llorando.”
Otras víctimas, bajo anonimato, denunciaron que las autoridades ignoran sus casos o las desgastan hasta abandonar el proceso. La Iglesia, por su parte, encubre a los agresores y silencia las denuncias aprovechando su posición espiritual.
María Eugenia Jiménez añadió que la Fiscalía justifica la prescripción del delito alegando que han pasado años o que no está tipificado en algunas comunidades.
Durante este reportaje, las reporteras intentaron contactar a la Arquidiócesis Primada de México, pero se negaron reiteradamente a conceder entrevistas o recibirlas en su sede de la colonia Roma, de la Ciudad de México.
El ciclo que no se rompe
El silencio de las víctimas es el arma más poderosa del clero. Los agresores suelen ser trasladados a otras comunidades donde continúan su conducta delictiva.
En León, Guanajuato, un sacerdote acusado de abuso sexual fue suspendido del ministerio sacerdotal, pero gracias a sus contactos obtuvo empleo como catequista en otra ciudad.
Otro caso es el de Norberto Rivera, entonces jefe de la congregación de Tehuacán, Puebla, quien, tras ser notificado de un sacerdote abusador, lo envió a Los Ángeles, California, donde repitió los crímenes. Al regresar a Puebla, agredió a Joaquín Aguilar, quien lo denunció en Estados Unidos y ganó la demanda contra Rivera al responsabilizarlo.
El abuso sexual y la pederastia en la Iglesia católica revelan cómo la autoridad puede corromperse y actuar con total impunidad, dejando ver fallas estructurales tanto en el sistema eclesiástico como en el judicial.
