Reportaje
Por: Kenya Maigre
En México, 72.4% de las mujeres son madres; sin embargo, 6.5% son madres solteras. Aunque hay madres solteras en todos los rangos de edades, principalmente se concentran entre los 20 y 34 años, y representan 47% de esta población, según datos de la Encuesta Intercensal 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Dicho sector de la población vive un panorama muy desalentador, entre las escasas oportunidades laborales, un padre ausente y la violencia económica que se ejerce sobre ellas. Llegar a ser una madre soltera puede depender de diversos factores, pero en México, la principal causa es la irresponsabilidad de millones de hombres que deciden no apoyar a su pareja tanto afectivamente como económicamente.
América González, con dos hijas de 2 y 5 años, respectivamente, es una de las madres solteras que vive esta realidad día con día, su expareja decidió de un día para otro dejar de solventar los gastos de sus dos hijas y alejarse de las mismas.
“Mis días son muy pesados, me canso mucho, y lo peor es que por mucho que me friegue en el trabajo, luego ni me alcanza; entre lo de la escuela de mi hija, renta, pasajes, comida, deudas y todo gasto que llegue a tener, a veces no veo fin y mi sueldo se va completo. Todo lo que aguanto es por ellas, pero siento que a veces no puedo… Y con su papá ni pelear quiero, mi familia me dice que comience los trámites de la pensión alimenticia, pero luego ni tiempo tengo de andar yendo a las juntas de mi nena, menos a los juzgados y todo eso que implica, además de que seguro ni con una demanda me daría dinero y la culpable, termino siendo yo”, explica América.
Desde antes, a las madres solteras se les ha considerado parte de una sociedad que no encaja. “En la antigüedad e incluso hasta hoy en ciertos contextos, las madres solteras son víctimas de discriminación, y basado en distintos orígenes, desde mandatos religiosos hasta prejuicios sociales” (Estacio, 2012). Por una parte, considerar este tipo de violaciones ante el derecho de reproducción y libertad es un sesgo de una sociedad patriarca que radica en la práctica de discriminación.
En la India, una madre soltera no vale nada, es cuestionada, interrogada y criticada, incluso vigilada con meticulosa atención, se cuchichea sobre ella y se le culpa. Algo no muy alejado a la realidad de las madres solteras en México, pues el sistema mexicano machista y patriarcal constantemente ejerce este prejuicio a las mujeres, mientras que el hombre es liberado de su responsabilidad como padre.
Así como este prejuicio, hoy en México seguimos permitiendo que la inaccesibilidad al balance entre lo familiar y lo laboral sea responsabilidad de las mujeres madres cuando podríamos, a partir de una apariencia que ha quedado al descubierto, cuestionar los mecanismos históricos que definen roles que llevan implícita la exclusión y la desigualdad.
Cuestionarlos y redefinirlos permitirían las transformaciones necesarias para que miles de madres solteras en México dejen de cargar con el peso total de una responsabilidad que por justicia no les corresponde.
La dificultad para encontrar un trabajo dignamente remunerado y la imposibilidad de que sea reconocido el trabajo doméstico y de cuidado que muchas mujeres desempeñan durante su vida.
Frente a este panorama adverso y ante necesidades tan apremiantes, el siguiente paso, que no el más fácil, pero sí el más congruente, tendría que ser el reconocimiento formal del trabajo no remunerado y de cuidado que desarrollan las mujeres en los hogares, además de su valor en términos económicos, el ahorro que representa para los Estados y su contribución al desarrollo de los países.
Si bien la Suprema Corte también ha desarrollado argumentos sobre la doble jornada de las mujeres que realizan trabajos remunerados y no remunerados en el marco del vínculo familiar, es indispensable que los tres poderes del Estado traduzcan este reconocimiento en legislación, práctica jurídica y política pública. Sin dejar de lado la regulación y revisión de las leyes laborales para garantizar una calidad laboral.
Tras enfrentar la violencia en sus espacios de convivencia privados, las mujeres enfrentan la violencia de las instituciones. Desde la atención insensible que las revictimiza y aumenta la vulnerabilidad frente a sus agresores, los estereotipos y prejuicios que dominan las decisiones de autoridades carentes de perspectiva de género y enfoque de derechos, hasta la arbitrariedad de los impartidores de justicia y el desconocimiento de la legislación y la jurisprudencia nacional.
Sin dejar de lado la complicidad de las instituciones públicas y privadas con muchos agresores; la falta de políticas públicas que garanticen el acceso a recursos económicos provisionales y/o de largo plazo; un sistema saturado que lleva a las mujeres a litigar sus propios casos y demás fallas que violan sus derechos de acceso a la justicia y a una vida libre de violencia, entre muchos otros.
Aquí es cuando podemos hablar de la pensión alimenticia, o el derecho de alimentos; es decir, la facultad que tienen los hijos o alimentarios, de exigir que se les proporcione el solvente adecuado para subsistir de acuerdo a su posición social. Esta obligación incluye no solo la alimentación, sino también la educación, la vestimenta, la salud, la vivienda, la recreación, con respecto al artículo 301 del Código Civil Federal.
La pensión alimenticia es fijada por convenio o sentencia atendiendo a la posibilidad del que tiene la obligación de darlos y la necesidad de quien deba recibirlos. En caso de que el deudor no tenga medio suficiente para hacerlo la misma ley considerará el cese u alternativa para el cumplimiento de la obligación.
A diferencia de América, muchas madres recurren a la pensión alimenticia con padres ausentes; sin embargo, esto además de ser un proceso extenso, es cansado, ya que no tiene garantía de cumplimiento por la falta de rigurosidad en estos procesos por parte de las autoridades correspondientes.
De enero a agosto de 2021, en todo el país fueron presentadas 15 mil 495 denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Las entidades con mayor número de denuncias son el Estado de México (mil 719), Sonora (mil 644) y Guanajuato (mil 331). En contraparte están Jalisco (0), Campeche (1) y Durango (63).
En cambio, tras pasar cuatro años en los juzgados sin tener éxito alguno para obtener el monto correspondiente que el padre de su hija tiene obligación de pagar, Diana Luz Vázquez Ruiz, activista feminista, logró que la 64 Legislatura local aprobara que el registro de deudores alimentarios morosos fuera público y estableciera un certificado de no adeudo de pensión como nuevo requisito para acceder al matrimonio, contratos públicos y créditos financieros.
Aun así mantiene su lucha en el Senado de la República para que la “Ley Sabina”, que lleva el nombre de su hija, se aplique en todo el país, ya que el registro de deudores alimentarios existe sólo en la Ciudad de México, el Estado de México, Chiapas, Coahuila y Guerrero.
La pensión alimenticia por sí sola, no es la solución a la desigualdad o la violencia que enfrentan las mujeres, pero entenderla desde la perspectiva de género es fundamental para que sea reconocida y ejercida como un derecho cuya promoción, protección, respeto y garantía es obligación de todos los agentes del Estado.
Historias como la de América y Diana, ocurren día con día en nuestro país, es una realidad que cada día aumenta junto con todas las problemáticas que enfrenta este sector de la población, a pesar de ello, el miedo, la vergüenza y la cultura patriarcal logra que las madres con un padre ausente sigan guardando silencio.
El periódico-taller Diálogos es una publicación digital bimestral, realizada por estudiantes de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con la coordinación del Departamento Editorial de la institución.
