Por: Monserrat Iglesias López @monse_iglesias
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un equipo de especialistas en materia forense creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó su tercer informe sobre el caso Ayotzinapa. En este informe se sostiene que la Fiscalía General de la República tiene más de 60 videos grabados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), donde distintas autoridades torturan alrededor de 50 detenidos para obtener confesiones y declaraciones sobre el caso, pruebas que ponen de cabeza lo dicho en 2014.
De lo más difundido en medios de comunicación sobre este informe, que sirve como pieza clave de este caso, es un video al que los investigadores tuvieron acceso, el cual se realizó con un dron de la Armada de México, en donde se ve a integrantes de la Marina, manipulando la escena del basurero de Cocula, video que nunca se integró al expediente de investigación. En esta prueba se puede apreciar a 12 elementos de la Secretaría de Marina a bordo de tres camionetas con placas modificadas entrando al basurero de Cocula con varios bultos blancos, que posteriormente se convierten pequeños infiernos provocados por los uniformados, pero ahí no termina el escándalo, media hora después de que los marinos abandonaron la escena, un convoy de la Secretaría de Marina, junto con integrantes de la PGR, aparece escoltando al entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, quien llegó supuestamente para continuar con las investigaciones.
Este caso es tan solo uno más de los misterios que son cubiertos por la capa de impunidad, corrupción y normalización de violencia que el mismo mexicano, sin tener pruebas contundentes afirma casi como elemento indispensable de nuestra identidad, y es que para el mexicano enterarse de que el Estado tuvo que ver con algún, crimen, muerte o desaparición es normal, no es novedad y no por comulgar con la ideología de violencia, simplemente porque es algo que sabemos, casi como el “Cielito lindo” de nacimiento.
Supuestamente se nos vendió una “verdad histórica”, que aún con este informe muchos medios y figuras públicas defienden a capa y espada, esta supuesta versión, ofrecida durante el Gobierno de Peña Nieto a través del entonces procurador Murillo Karam, aseguraba que los 43 estudiantes fueron asesinados y calcinados por el cártel de los “Guerreros Unidos”, siendo la policía la culpable de entregar a los estudiantes a este grupo de narcotraficantes. Esa verdad histórica se sostuvo desde 2014, verdad que como muchos otros casos de impunidad en México solo sirve para limpiar las manos blancas de políticos al poder que dejan por debajo un regadero de sangre que pinta las paredes año con año cada que se conmemoran estos trágicos eventos con un, “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Ahora, ¿qué ocurre cuando ese “supuesto” que involucra al Estado se confirma con pruebas? Eduardo Galeano alguna vez dijo: “No hay historia muda. Por mucho que la quemen, por mucho que la rompan, por mucho que la mientan, la memoria humana se niega a callarse la boca.” Retomar las pruebas de este tipo de casos, nos da la oportunidad de cambiar la narración de una historia que ha sido contada por voces hegemónicas que han estado en el poder y han forzado a callar el otro lado. Es importante reconstruir estas verdades históricas en un país donde le tememos por igual al Estado y a los delincuentes, estas pruebas son una gran oportunidad para restablecer la memoria colectiva. Una memoria comprobable, nos hará libres.
