Reportaje
Por Yunuem Buendía
“Si mis hijos no han vuelto a casa es porque no he obtenido respuesta por parte de ningún gobierno, yo hice la investigación y la búsqueda de mis dos hijos desaparecidos; si la autoridad tiene carpetas completas que yo investigué de cada uno de ellos y mis hijos no han vuelto a casa, es que la autoridad no ha hecho nada”, afirmó Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras, quien empezó la búsqueda activa de su hijo Alejandro Guadalupe Flores, desde octubre de 2015.
El primer año del sexenio de Claudia Sheinbaum ha marcado un récord en el número de desapariciones en México, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), se han registrado 13 mil 106 casos de personas reportadas como desaparecidas, en donde todos los días se suman a la lista un promedio de casi 41 personas ausentes.
Los cinco estados con el mayor número de casos de personas desaparecidas en 2025 fueron Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León; 44.3% de los desaparecidos del país se concentran en estos estados. En el informe de 2024, este porcentaje fue de 48%, lo que indica que 5 puntos porcentuales se han distribuido en otras entidades.
Rafael Cardona, analista y cronista del periódico La Crónica, comenta: “Aquí hay actitudes inusitadas, en primera, un grupo de mujeres busca a sus hijos, a sus familiares desaparecidos; en cualquier lado de la República mexicana hay desaparecidos y cientos de miles de personas que desaparecieron durante los últimos años no han podido ser encontrados.”
Cuatro gobiernos, una misma tragedia
Desde 2006, con el inicio del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, México entró en una nueva etapa de violencia marcada por la llamada “guerra contra el narcotráfico”. De acuerdo con el RNPDNO, durante su gobierno, de 2006 a 2012, se registraron aproximadamente 16 mil 900 personas desaparecidas, lo que equivale a un promedio cercano a ochoi desapariciones diarias. Aunque estas cifras ya eran alarmantes, en ese momento el fenómeno aún no tenía la visibilidad social que alcanzaría en los años posteriores.
La militarización del país, los enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas del Estado, así como la debilidad institucional, sentaron las bases para el crecimiento sostenido de las desapariciones.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, las desapariciones no sólo continuaron, sino que prácticamente se duplicaron. En esos seis años se registraron alrededor de 32 mil 500 personas desaparecidas, con un promedio aproximado de 15 casos diarios.
A pesar de hechos emblemáticos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, el tema no fue atendido como una prioridad nacional de fondo, y la crisis forense, la impunidad y el colapso de las investigaciones siguieron profundizándose. Este periodo confirmó que el problema ya no era un fenómeno aislado, sino un patrón estructural.
“Está la investigación que se hizo con Jesús Murillo Karam y después la investigación complementaria que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que señalaba algunas omisiones o inconsistencias de la investigación de la Procuraduría General de la República, pero como nadie iba a creer, porque vivimos en el país de la desconfianza, entonces se aceptó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la Organización de Estados Americanos, designará a un grupo interdisciplinario para que revisara errores, omisiones o desviaciones de esas investigaciones, y a partir de ahí, todo empezó a ideologizarse”, interpretó el periodista Cardona.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder en 2018, se esperaba un cambio profundo en la política de seguridad y atención a víctimas. Sin embargo, los datos oficiales indican que su sexenio se convirtió en el periodo con el mayor número de personas desaparecidas registradas hasta ahora.
Entre 2018 y 2024 se reportaron aproximadamente 53 mil personas desaparecidas, lo que equivale a un promedio cercano a 25 casos diarios; es decir, más del triple de lo registrado en tiempos de Calderón. Aunque se impulsaron nuevas leyes, comisiones de búsqueda y registros oficiales, la magnitud del fenómeno siguió en ascenso. A esto se sumaron las críticas a la estrategia de seguridad conocida como “abrazos, no balazos”, la cual, para amplios sectores sociales, no logró frenar ni las desapariciones ni la expansión de los grupos criminales.
En el caso del actual gobierno de Claudia Sheinbaum, que inició en octubre de 2024, los datos disponibles muestran una tendencia aún más preocupante. En apenas unos meses se han registrado más de 7 mil nuevas desapariciones, lo que equivale a promedios que oscilan entre 40 y 56 personas desaparecidas por día, según distintos balances periodísticos basados en el RNPDNO. Aunque se trata de cifras preliminares que pueden ajustarse con el tiempo, el arranque de su administración refleja un ritmo de desapariciones superior incluso al del sexenio anterior, lo que ha encendido alertas entre organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y organismos internacionales.
Cuando el Estado falla, la impunidad avanza
El Estado mexicano ha sido duramente criticado por su incapacidad para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones. Aunque en el papel existen instituciones responsables de la búsqueda, investigación y sanción, como la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones locales y las fiscalías especializadas, en la práctica su alcance es limitado. La falta de presupuesto suficiente, la carencia de personal con formación forense y de investigación, así como la rotación constante de mandos, impiden el desarrollo de procesos efectivos y sostenidos. A esto se suma la ausencia de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, lo que provoca duplicidad de esfuerzos, pérdida de información e incluso negligencia en los primeros momentos críticos de una desaparición.
Como el caso de Ceci Flores que busca a sus hijos, también está la historia de Gustavo Hernández, padre de Abraham Zeidy Hernández del Razo, que desapareció después de recibir una llamada de propuesta de trabajo en Monterrey, tras varios meses de su desaparición, aún no sabe nada de él. “No hay nada de mi hijo, aún nada, no sé nada, el expediente me lo entregaron y no hay nada de mi hijo”, comentó el señor Hernández.
La impunidad, además, se convierte en un motor que perpetúa la crisis. Más de 98% de los casos no llega a una sentencia, lo que envía un mensaje claro a perpetradores, ya sean grupos criminales, actores estatales o ambos, de que el riesgo de ser sancionados es mínimo. Esta falta de consecuencias legales ha creado un entorno donde la desaparición de personas se ha normalizado como una práctica tanto del crimen organizado como de autoridades coludidas o tolerantes.
Los expedientes se acumulan sin avances, las investigaciones se detienen por años y las familias, ante la ausencia de resultados, se ven obligadas a buscar por su cuenta en fosas clandestinas, carreteras y terrenos baldíos.
Los colectivos de búsqueda: la esperanza desde abajo
A falta de resultados por parte del Estado, los colectivos de familias buscadoras se convirtieron en uno de los actores más importantes en la localización de fosas clandestinas y restos humanos en México. Actualmente se estima que existen más de 200 colectivos activos en el país, la mayoría integrados por madres que decidieron emprender sus propias búsquedas ante la indiferencia institucional. Sus recorridos abarcan cerros, desiertos, campos agrícolas, ríos y parajes abandonados, donde buscan cualquier señal que pueda conducirlas a sus seres queridos.
La magnitud de sus hallazgos evidencia su importancia: entre 2007 y 2023 se registraron oficialmente 5 mil 698 fosas clandestinas en México, y una parte significativa fue descubierta por estos grupos ciudadanos que llegan a los sitios antes que las autoridades o incluso sin su apoyo. Algunos colectivos han logrado resultados extraordinarios; uno de ellos reportó haber localizado 23 fosas clandestinas y contribuido al hallazgo o identificación de más de 200 personas por sí solo.
“Lo que me ha procurado desde siempre, desde que empezamos esta lucha, es la inseguridad con la que vivimos; la burocracia, las autoridades, la apatía por parte de ellos en el tema de desaparecidos, pues que alguien me quite la vida, irme con los brazos vacíos y que mis hijos no puedan ser buscados”, afirma Ceci Flores, respecto de lo que más le preocupa al pensar en el futuro del país.
La crisis de personas desaparecidas en México no es un fenómeno aislado ni reciente: es una herida abierta que se ha profundizado sexenio tras sexenio, sin que ningún gobierno haya logrado detenerla.
La voz de madres como Ceci Flores y de padres como Gustavo Hernández revela la dimensión humana de un problema que, más allá de cifras y estadísticas, se traduce en vidas interrumpidas, familias fracturadas y una sociedad que ha aprendido a convivir con la ausencia.
Los más de 13 mil casos registrados en los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, las más de 50 mil desapariciones del sexenio anterior y las decenas de miles acumuladas desde 2006 muestran una constante dolorosa: la incapacidad del Estado mexicano para garantizar verdad, justicia y seguridad.