PACIC: el fracaso que nadie quiere admitir
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Diálogos

21 Ago, 2025
El Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) ha sido una iniciativa gubernamental con el objetivo de contener el aumento de precios en productos básicos para proteger a los consumidores mexicanos.

El 12 de mayo del año en curso, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) como estrategia para mantener los precios de 24 productos de la canasta básica en un máximo de 910 pesos. Sin embargo, el costo de los productos ha ido en aumento y las familias mexicanas –especialmente las más pobres– no ven ningún alivio en su bolsillo.

A pesar de la promesa gubernamental, datos de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) muestran que, en la mayoría de las regiones de México, los 24 productos de referencia rebasan ampliamente los mil 100 pesos, por lo que el supuesto tope de 910 pesos quedó como una cifra simbólica que pocas veces se respeta en el comercio minorista informal; es decir, en mercados y tianguis a lo largo y ancho de la República.

El PACIC fue presentado como una medida por parte del Estado para proteger la economía de las familias. Ahora los especialistas y organizaciones de la sociedad civil señalan que realmente beneficia a empresas que concentran una parte sustancial de la producción y comercialización de alimentos básicos en el país.

Entre las empresas firmantes se encuentran grandes cadenas como Walmart, Chedraui, La Comer, Merza, Calimax-Aprecio, HEB, Smart, Casa Ley, SuperKompras y Super AKI. El acuerdo también incluye a gigantes de la agroindustria como GrupoMar, Minsa, Lala, Bimbo, Sukarne, Kimberly Clark, Pilgrims, Schetinno, Pinsa, Maseca, Verde Valle, Ragasa, Alpura, San Juan, Bachoco, La Moderna, Sigma, Opormex y Grupo Porres.

En el caso de Minsa, el convenio luce como un negocio redondo, toda vez que pertenece a la familia de Altagracia Gómez Sierra, actual coordinadora del Consejo Empresarial de Claudia Sheinbaum. Esta conexión podría generar una percepción de una potencial ventaja para la compañía.

Foto © El tiempo de Yucatán

Diseño ambicioso, ejecución fallida

Esta estrategia para frenar el incremento de precios no es nueva, inició en 2022, con Andrés Manuel López Obrador al frente del Gobierno. En ese momento, la inflación en México registró su mayor nivel en 21 años, con el Índice Nacional de Precios al Consumidor tocando un nivel de 8.70%. El indicador anotó 19 meses consecutivos fuera del rango objetivo de 3% establecido por el Banco de México (Banxico).

Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en ese año, los hogares con ingresos más bajos –3 mil pesos mensuales– se enfrentaron a un incremento de 11.16% en el gasto necesario para adquirir los productos de la canasta básica, por lo que se vieron obligados a destinar aproximadamente 50% de sus ingresos para comprar alimentos y bebidas.

En tanto, las familias con ingreso medio ocuparon cuatro de cada 10 pesos de su gasto en este tipo de bienes, mientras que las familias con ingresos altos destinaron 28% a este rubro.

Ante esa presión inflacionaria, la administración obradorista presentó el PACIC en mayo de 2022, y después un programa complementario denominado “Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía” (APECIC). Ambos con la intención de contener el incremento de precios.

La nueva medida fue ampliamente criticada por especialistas, pues afirmaron que se trataba de un plan inviable que omitía a otros sectores, como las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), el contexto económico internacional y la participación del Banxico, cuyo mandato radica en controlar la inflación.

Víctor Gómez Ayala, economista especializado en análisis de finanzas públicas, dijo en un reporte que “la gran omisión” de dicho convenio era la ausencia de la colaboración con el Banxico.

Las mipymes están presentes casi en cada esquina del país y son parte de la cotidianidad de los mexicanos. Por ejemplo, recauderías, carnicerías, panaderías, expendios de materias primas para la elaboración de alimentos, tortillerías, tiendas de abarrotes, etcétera. Todos estos negocios quedaron fuera del radar gubernamental.

En la misma línea, Carlos Brown, otro especialista en finanzas públicas, señaló que uno de los principales aspectos negativos del convenio era “la ausencia de medidas que incluyeran a las mipymes, que son una enorme mayoría en este país y que han visto sus costos de producción crecer sin ventajas”.

Coincidió Juan Ignacio Gil, entonces presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). “Debe aclararse que este programa no pretende ni podrá controlar la inflación (…) es muy probable que su impacto solo se dé en la economía formal y que en los tianguis se venda a otros precios sin ningún control”, dijo.

A pesar de dichas omisiones en el programa, el Gobierno Federal decidió seguir adelante con su estrategia, y tal como lo anticiparon los expertos en aquel momento, el PACIC resultó no tener ningún efecto sobre los precios, al contrario, el costo de algunos productos aumentó, comenzó a afectar a los pequeños comercios, y por lo tanto a las familias mexicanas que menos tienen, al mismo tiempo que otorgó beneficios económicos y de percepción pública a las grandes empresas, tanto a las minoristas –conocidas como retailers– como a las productoras de mercancías agropecuarias.

Claudia Sheinbaum también decidió actuar en contra de las estimaciones de los expertos sobre el Paquete: El pasado 12 de mayo nuevamente se reunió con empresarios y productores para firmar el acuerdo.

Esta renovación se dio en un contexto en el que, durante los primeros dos meses del año en curso el país experimentó una desaceleración de la inflación, por lo que el Estado aseguró a la población que el PACIC comenzaba a cumplir su objetivo; sin embargo, los datos muestran lo contrario.

Durante mayo de 2025, los productos agrupados dentro del Paquete registraron un incremento general de 2.63%; es decir, tocaron su mayor nivel en los últimos 10 meses e hilaron tres periodos consecutivos al alza, en gran medida, por incrementos en el precio del pollo, el jitomate y la papa.

En el caso del pollo, las fluctuaciones provocaron que, entre la tercera semana de abril y la tercera semana de mayo de este año, la pechuga se encareciera hasta 15 pesos en una sola quincena, con precios de hasta 150 pesos por kilogramo, de acuerdo con datos de la Unión Nacional de Avicultores (UNA). 

En comparativa semestral, el precio del jitomate pasó de un promedio máximo de 35 pesos por kilogramo en enero de este año a 40 pesos en mayo, mientras que la papa pasó de un promedio de 24.5 a costar hasta 35 pesos en algunos mercados, según información del Sistema de Integración e Información de Mercados (SNIIM) y de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México

La implementación reiterada de este programa para combatir la inflación también requirió nuevas herramientas para evaluar su desempeño. En este contexto, el INEGI comenzó a utilizar nuevas métricas en el Índice Nacional de Precios al Consumidor enfocadas a los productos del PACIC. Los datos del índice quedaron lejos de las previsiones del Gobierno, toda vez que los 25 productos comprendidos en el Paquete se incrementaron en 3.62% en mayo.

Tianguis y misceláneas fuera del radar

La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), menciona que sólo una minoría, no mayor a 30% de la población puede sobrellevar los estragos de la inflación, pero enfatizó que “el otro 70% lo carga con dolor y dificultad”, por lo que planteó varios cuestionamientos sobre el Paquete, como el motivo de su implementación en canales modernos si se dirige principalmente a la clase popular, la exclusión de los pequeños comercios o el motivo por el cual se eligieron los productos que lo componen, así como la relación entre precio y calidad de éstos.

En este contexto, la agrupación de pequeños comerciantes presentó un sondeo de opinión realizado entre el 12, 13 y 14 de mayo entre sus afiliados y clientes, que evidenció de manera contundente el fracaso del programa.

De acuerdo con la información obtenida por la ANPEC, existe un desconocimiento general sobre el PACIC, toda vez que 63% de los encuestados no conocen el programa, 33% han escuchado sobre él, pero no saben cómo funciona, y sólo 4% lo conoce y entiende su funcionamiento.

La falta de acceso y visibilidad del programa también resultó crítica, pues 69% de las personas consultadas no conoce los productos, marcas ni presentaciones del paquete, 25% no sabe dónde están disponibles estos artículos, y únicamente 6% afirmó haberlos comprado.

En cuanto a la percepción de ahorro, los resultados revelaron que 78% de las personas no notan diferencia o no saben si el PACIC les ha ayudado, 18% dicen seguir pagando lo mismo o más por los productos que engloba y sólo 4% reportó haber notado un ahorro.

Al respecto, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, afirmó que desde el gremio que representa, “reafirmamos nuestro llamado a las autoridades correspondientes a convocar una mesa de avaluación y prospectiva del PACIC en la que participen todos los actores potencialmente involucrados e interesados, productores, comerciantes modernos y tradicionales, consumidores, académicos, comunicadores, funcionarios públicos (…) todo aquel que pueda aportar valor para construir una propuesta efectiva, una política de estado que fortalezca realmente el poder adquisitivo de la gente”.

El gobierno insiste, pero el modelo flaquea

Ante todos estos factores, los expertos continúan cuestionando la viabilidad del Paquete, y advierten sobre los riesgos de una implementación tan prolongada, tanto para la economía en su conjunto, como para los consumidores, productores y empresas firmantes.

Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa, dijo a buzos que la viabilidad del PACIC depende del producto que se analice, por ejemplo, en el caso de las tarifas eléctricas –contempladas en el Paquete desde su inicio– se han otorgado subsidios que permiten controlar dichos costos.

Sin embargo, señaló que, en otros sectores, como el de los granos, “es diferente, porque hay un mercado mucho más amplio y con una diversidad productores”, mientras que en los casos donde no hay una sola empresa que controle todo —como la Comisión Federal de Electricidad— la viabilidad dependerá de una “cantidad enorme de actores, de circunstancias que enfrentan los oferentes y los consumidores”.

Enfatizó que este instrumento para topar los precios ya se ha implementado de manera prolongada y que siempre habrá situaciones externas que generen incrementos generalizados en productos –como el actual conflicto en Medio Oriente–, por lo que advirtió que el problema de volvernos adictos a los controles de precios es que en el largo plazo las empresas ya no van a tener utilidades suficientes para innovar, crecer e incluso podrían verse obligadas a cerrar o despedir personal.

Los factores externos que presionan los niveles inflacionarios incluyen las interrupciones en las cadenas globales de suministro debido a conflictos geopolíticos, pandemias o desastres naturales, que provocan escasez y encarecimiento de productos, mientras que las políticas económicas y comerciales de otros países, como aranceles o sanciones, también pueden impactar la inflación local al afectar la disponibilidad y precio de insumos y productos en los mercados nacionales.

“Esto en una masa crítica que se va formado al largo plazo se traduce en poco crecimiento económico y en una crisis. También en baja calidad de los productos y servicios (…) se empieza a deteriorar la economía”.

Por su parte, José Treviño, economista con amplia experiencia en el sector retail, comentó que el PACIC “es un buen esfuerzo para controlar la inflación, pero es insuficiente, porque contempla productos muy específicos y limitados de la canasta básica. En cuanto a la participación de las grandes empresas de retail y los gigantes agroindustriales, Moreno explicó que, si bien “ocupan un espacio muy pequeño en el total de empresas constituidas en México”, poseen un “volumen muy grande de producción o distribución pueden soportar el tope de precios y darle al consumidor un producto de calidad y durante un tiempo razonable”.

No obstante, afirmó que las pequeñas empresas –que son mayoría– no pueden llegar fácilmente a un acuerdo de precios, “por eso los consumidores que van al tianguis o que van a una tienda de abarrotes” notan una amplia diferencia. “Las cadenas te ofrecen el huevo por docena en 35 pesos y en la miscelánea la encuentras a 50”, agregó.

Treviño, explica que las empresas firmantes se ven beneficiadas del acuerdo principalmente al mantener la confianza del consumidor, ya que, cuando la inflación se eleva, las preferencias de consumo cambian. “Las familias dejan de consumir marcas caras, compran productos más baratos, aunque no tengan la misma calidad (…) eso afecta a las empresas porque experimentan márgenes de ganancia menores”, dijo.

También detalló que, al tratarse de productos muy específicos, y de marcas específicas, las empresas realmente no ven un impacto negativo sustancial en sus ganancias.

A pesar de este beneficio, advirtió que sería muy complicado mantener el acuerdo por mucho tiempo, pues “tendría que venir algún tipo de estímulo fiscal”, y enfatizó, que, al tratarse de un convenio de buena voluntad, las compañías podrían romperlo e incrementar los precios.

Coincidió Ana Lilia Moreno: “Hay un acuerdo voluntario, las empresas ya han demostrado voluntad política para hacer esto, pero si en un momento dado ya no existen estos pactos, y si estamos en una situación de mucha presión va a haber una subida de precios.”

Hacia el futuro, Moreno consideró necesario optar por “soluciones más creativas para hacer a gran escala y que los productores y comercializadores se beneficien”, así como optar por “subsidios focalizados para las personas que no puedan pagar un aumento importante de la canasta básica por falta de poder adquisitivo”.

Recomendó estudiar a fondo las cadenas de suministro, por lo que reiteró que, para ello, “necesitamos a una Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) como un actor muy relevante”. 

También Consideró relevante incorporar el tema del crimen organizado, pues este factor ha impactado negativamente la producción de bienes básicos, como cárnicos, limón, aguacate, por mencionar algunos.

“Es un tema muy oculto, casi no se habla de esto, y el crimen organizado con el cobro de piso ha capturado sectores muy específicos (…) entonces, la captura implica que nos suban los precios.” Hasta el momento, las autoridades no han presentado ningún tipo de plan focalizado a atender dicha situación.

Para lo que resta de 2025, los efectos del PACIC siguen en duda. Aunque el gobierno dice que ayuda a controlar los precios, si no se hacen cambios importantes, como los sugeridos por los expertos –incluir a pequeños comercios, cámaras e instituciones–, sus efectos podrían seguir siendo limitados.

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