Por Sebastián Campos Rivera

A tres meses de la promulgación de las reformas energéticas presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo el argumento de devolver la soberanía energética al país, éstas parecen insuficientes frente a las deficiencias estructurales que arrastra el sector desde hace décadas, reflejadas en apagones recurrentes, deudas millonarias y una producción de hidrocarburos en caída libre que cuestionan la eficacia de un proyecto que, lejos de transformar, podría estar perpetuando los mismos problemas que prometió erradicar.

Según expertos en el sector, de no tomarse medidas urgentes, el panorama hacia el futuro no mejorará, y la administración de Sheinbaum no logrará llevar a México a la autosuficiencia energética en el corto plazo, pero podría sentar las bases para hacerlo hacia el futuro.

Las modificaciones, que ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, incluyen nuevas leyes para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), así como cambios a la Ley del Sector Eléctrico, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Planeación y Transición Energética, entre otras.

La generación de energía y producción de petróleo en México es muy compleja, y hacia el largo plazo enfrenta como principal desafío cumplir con la creciente demanda interna y adaptarse a los estatutos y regulaciones internacionales, según concluyeron expertos y organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

En el país, la CFE es la única empresa autorizada por el Gobierno Federal para prestar servicios de transmisión y distribución de electricidad, mientras que Pemex ostenta exclusividad en la explotación de petróleo y gas natural en el territorio nacional, y sobre la asignación de áreas petroleras, incluso en esquemas mixtos con privados. 

Con este panorama en el sector, México experimentó una caída en el Índice de Independencia Energética (IIE) de 0.969 en 2015 a 0.721 en 2023, año hasta el que se tiene registro. Es decir, que la nación redujo su capacidad para cubrir la demanda de energía con producción propia.

Al respecto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) indicó en un reporte que hacia 2037, se espera que la demanda eléctrica aumente alrededor de 2.5% cada año. Esto implicaría que, en casi dos décadas, el país necesitará generar cerca de 44% más electricidad que en 2022.

Las consecuencias de una insuficiente capacidad de transmisión, falta de generación para cubrir la demanda y los problemas de distribución ya se experimentaron. El 25 de marzo de este año se presentó una falla en la central de Cogeneración Nuevo Pemex, en Tabasco, que ocasionó un apagón en Cancún, Quintana Roo, mismo que se extendió a municipios como Bacalar, Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Cozumel.

Casi un año atrás, del 7 al 9 de mayo, al menos diez entidades federativas se vieron afectadas por apagones. De acuerdo con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el problema se debió a una alta demanda de electricidad provocada por las altas temperaturas que el país experimentaba.

Mansur Solar, empresa líder en sistemas fotovoltaicos de la región Bajío, indicó que la capacidad instalada en México ronda los 89 mil megavatios (MW) –esta cifra equivale a iluminar alrededor de 11 veces la Ciudad de México y el Estado de México–, con una generación promedio de entre 37 y 45 mil MW.

Sin embargo, también señaló que el crecimiento de la nueva capacidad es sólo de 2% por año, lo que “sugiere que, en unos años, la red energética mexicana podría colapsar debido a la brecha entre la demanda y la capacidad de generación”.

En torno al sector petrolero, Pemex se ha convertido en una de las petroleras más endeudadas del mundo, seguida por la rusa Gazprom y la francesa TotalEnergies, toda vez que, según los estados financieros correspondientes al primer trimestre de 2025, el costo financiero de la compañía estatal ascendía a más de un billón 970 millones de pesos, algo así como construir alrededor de 7 mil 579 estadios Azteca.

De manera específica, la petrolera del Estado pasó de una obligación al corto plazo de 425 mil 219 millones a 561 mil 781 millones de pesos, lo que se traduce en un alza de 32.1%. También adeuda 100 mil 221 millones de pesos por vencimientos de obligaciones.

Al cierre del primer trimestre de 2025, el saldo de las obligaciones que la empresa debe pagar a proveedores y contratistas en el plazo de menos de un año fue de 404.4 mil millones de pesos. Este monto es 10.9% mayor al reportado el 31 de marzo de 2024, cuando ascendió a 364.8 mmdp.

A este panorama negativo se suma la deficiente producción de petróleo y combustibles. Durante los primeros tres meses de 2025, el procesamiento de crudo de la empresa cayó 11.3 por ciento anual, con 1.615 millones de barriles por día.

Si se considera que la propia empresa reveló que la demanda interna de crudo seguirá creciendo sostenidamente para alcanzar un máximo de un millón 700 mil barriles diarios para 2035, la situación de la producción de dicho hidrocarburo como principal fuente energética del país es sumamente relevante.

Tres sexenios de reformas

La legislación energética en México ha experimentado diferentes cambios con el transcurso del tiempo; sin embargo, los más relevantes han sucedido durante los últimos tres sexenios. Con Enrique Peña Nieto (EPN) al frente del Gobierno Federal, se promulgó una serie de modificaciones al sector, alineadas con los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México, mismo que buscaba fortalecer el Estado, democratizar la economía y ampliar los derechos sociales.

Así, en el artículo 25 constitucional se agregó el concepto de “empresas productivas del Estado” para regir a la CFE y a Pemex y se eliminó del artículo 27 constitucional la restricción que impedía la utilización de contratos con privados para la extracción de hidrocarburos del subsuelo.

Estos cambios no alteraron el control de propiedad que el Estado tenía sobre los hidrocarburos y mantuvieron la prohibición de otorgar concesiones y derechos sobre recursos naturales a particulares, toda vez que sólo permitieron la participación de la iniciativa privada en la exploración y extracción a cambio de pagos en función de los recursos obtenidos.

De esta manera, se permitió que el sector privado participara directamente en la cadena productiva de energéticos después de la extracción, incluyendo el transporte de crudo, gas natural y derivados.

Adicionalmente, se reestructuró la petrolera del Estado y sus subsidiarias en dos nuevas divisiones: Transformación Industrial, y Exploración y Producción; cambiaron las condiciones de transparencia y rendición de cuentas de la empresa, y se estableció una política nacional de fomento a las compras de proveedores del sector.

Bajo este nuevo esquema, Hokchi Energy, operada por la filial mexicana de Pan American Energy de la familia argentina Bulgheroni, se convirtió en la primera empresa privada en realizar trabajos de perforación.

En torno a la energía eléctrica, se abrió un mercado para la generación, sin que el Estado perdiera control del sistema eléctrico nacional ni la exclusividad de transmisión y distribución, a fin de que el sistema eléctrico nacional estuviera impulsado conjuntamente por la CFE y particulares con el objetivo de reducir costos y elevar la productividad y eficiencia del sistema.

También se le dio mayor libertad a la Comisión en aspectos operativos y organizacionales, y se establecieron certificados de energías limpias para impulsar la producción mediante tecnologías de generación eólica, geotérmica, hidráulica, biomasa y solar.

Para 2018, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió un paquete de reformas al Congreso de la Unión, dentro de las que se incluía una contrarreforma energética.

La modificación planteada por AMLO tenía como objetivo cambiar los intereses de las empresas estatales. Mientras que EPN buscaba atraer mayor inversión al sector energético para impulsar el desarrollo, la propuesta de López Obrador pretendía recortar las ventas de energía de proyectos privados provenientes del extranjero.

Otra diferencia es que la administración obradorista buscaba que la CFE se responsabilizara enteramente de la electricidad, ofreciéndole control total sobre el Sistema Eléctrico Nacional y la generación, mientras que con Peña se permitía que la nación ejerciera control sobre el SEN, en beneficio de un sistema competitivo que redujera los precios de la energía.

Las medidas planteadas por AMLO se alineaban con el objetivo de brindar a México soberanía energética y fortalecer al sector; sin embargo, fue hasta que Claudia Sheinbaum llegó al poder, y Morena y partidos aliados cumplían con la mayoría calificada, que se aprobaron estas modificaciones.

Nuevo esquema complica la participación privada

Si bien los cambios no afectarán directamente a los consumidores, sí producen desconfianza en los inversores, misma que podría verse reflejada en una falta de fondos para nuevos proyectos de generación, exploración y producción, resultando en una menor capacidad para atender la creciente demanda energética del país, un retraso en la transición hacia energías limpias y, eventualmente, en mayores costos operativos.

Raúl Cedeño, socio fundador de la firma consultora especializada en el sector energético Cedeño & Jech, informó que estas modificaciones le otorgan preponderancia a ambas empresas energéticas estatales para que marquen la pauta de participación para el sector privado.

Para Cedeño, “definitivamente se trata de un esquema complicado porque las reglas no son claras en términos de participación en contratos mixtos”, pues “la forma de invertir ya no tiene una estructura tan fuerte que genere un margen de desconfianza para los inversionistas”.

“Cuando tienes ese tipo de régimen o de columna vertebral que dicta cómo va a funcionar la industria, pues definitivamente se vuelve un entorno sumamente politizado y complejo en el cual navegar”, agregó.

Por su parte, Ramses Pech, analista con amplia trayectoria en el sector, comentó a este semanario que las nuevas leyes solo son una “adecuación de la Reforma Energética de 2013”, por lo que consideró que “no hay un plan energético a largo plazo”.

En cuanto a las nuevas disposiciones, explicó que quien asumirá los riesgos financieros de asociarse con la petrolera será la iniciativa privada, sin que este ente pueda tomar decisiones operativas, además de poder disponer únicamente de su propio flujo de efectivo.

“¿Qué compañías pueden tener su propio flujo de efectivo para que una matriz le dé a una empresa? Compañías como Halliburton, Waterford, Schlumberger. Porque BP, Shell y todas esas compañías no se van a meter a operar campos con Pemex”, añadió.

Como otro factor de desconfianza, Pech mencionó que, bajo el esquema anterior, cuando la petrolera le retiraba un contrato a una empresa con el argumento de “interés nacional”, los privados podían acudir a instancias internacionales, ya que se regía bajo la ley mercantil. Sin embargo, con ambas compañías regresando al concepto de “empresas públicas”, los entes privados sólo se enfrentarán a la burocracia estatal.

Replantear el modelo energético: clave para evitar una crisis

Sin un marco regulatorio claro, con reglas estables y certidumbre jurídica para los inversionistas, el país podría quedarse rezagado en la carrera por modernizar su infraestructura energética y cumplir con los compromisos climáticos globales.

Al respecto, Pech explicó que a la población en general no le afecta el cambio en la legislación energética, sino las decisiones que se tomen en función de los que operan en el sector energético, toda vez que, si las compañías energéticas estatales no generan ingresos, el presupuesto seguirá priorizándolas y dejará de destinar recursos a otros sectores.

“El cambio de las leyes en un sentido pragmático no le afecta (al consumidor) en forma directa, le afecta en forma indirecta con base en las decisiones financieras, económicas y de políticas públicas energéticas”, dijo.

Ante esto, sugirió que desde el Gobierno se necesita destinar más inversión en tecnología y ofrecer “un plan energético a largo plazo que esté a nivel constitucional, en donde se determinen objetivos específicos, no solo en la forma de cómo se genera la electricidad, sino cómo dejar la utilización de los combustibles fósiles”.

En tanto, Raúl Cedeño consideró necesario y primordial “atender el marco jurídico a fin de otorgar una aplicación efectiva a todos los actores energéticos, con las reglas del juego bastante claras”.

También apuntó que se debe tener “más apertura en inversión en proyectos de energía y se logren las implementaciones adecuadas para lograr que ese capital se capte y se generen proyectos estables”.

Asimismo, indicó que será necesario prestar atención a CFE y a Pemex “como empresas que requieren una administración mucho más sensata”, pues “si las dos estatales van a ser las que den rectoría para cumplir con los objetivos de desarrollo de la presidenta, deben tener una mejor administración y un carácter mucho más técnico y operativo”.

Por su parte, México Evalúa, un centro de investigación de políticas públicas, señaló que continuar con las estrategias gubernamentales “han drenado los recursos públicos sin generar mejoras estructurales en el sector”, por lo que “es necesario un replanteamiento que priorice la eficiencia y la viabilidad financiera”.

El centro sugirió como una solución viable “gestionar el sector energético mediante una política industrial diseñada a la medida del país”, mediante un “esquema de incentivos que premie la eficiencia, la innovación y la productividad, al tiempo que sancione las ineficiencias”.

“Este enfoque no sólo optimizaría el uso de los recursos públicos, sino que también impulsaría un cambio institucional, productivo y tecnológico que fortalezca la competitividad del sector energético en el largo plazo”, dijo.

De no tomarse medidas al respecto, el panorama hacia el futuro no mejorará. Para Cedeño, la administración de Sheinbaum no logrará llevar a México a la autosuficiencia energética, pero podría sentar las bases para hacerlo.

“Definitivamente es un reto mayúsculo porque la demanda energética, una, está exigiendo mayor infraestructura, pero también diversificación del mix energético (…) Sheinbaum está en la perfecta posición más que irse por el canto de las sirenas de acabar las cosas, sentar una base sólida para continuar este trabajo que será de años.”

Ramses Pech consideró que México no alcanzará la soberanía energética en ningún momento, pues “no existe en el mundo soberanía energética. Todos los países importan algo”. No obstante, indicó que, para mejorar el panorama del sector, se debe prestar atención al incremento de tecnología utilizada para generar electricidad, mientras que, para el rubro de hidrocarburos, mencionó que debe dejar de priorizarse la extracción y refinación, y enfocarse en la comercialización.

Para México Evalúa, será “fundamental fortalecer la gobernanza a través de una robusta interacción institucional en los tres niveles de gobierno”. También enfatizó en “la necesidad de una mayor transparencia, monitoreo riguroso y rendición de cuentas”.

Finalmente, el CIEP apuntó que, si bien se enfrenta el desafío de satisfacer la creciente demanda de energéticos, el comercio de energía, que incluye tanto la importación como la exportación de diversos recursos, será crucial. La gestión eficaz de las exportaciones e importaciones asegurará un suministro estable, accesible y sostenible.