Por Sebastián Campos Rivera

A partir del 21 de febrero entró en vigor un decreto que reforma el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), introduciendo cambios que facultan al Instituto para utilizar el dinero de los trabajadores en una nueva empresa desarrolladora de vivienda.

Esta medida generó preocupación en el sector privado y los sindicatos, quienes temen que estos recursos puedan ser mal administrados y pongan en riesgo los ahorros de los trabajadores.

El Infonavit es un organismo público tripartito, que cuenta con la participación del sector empresarial, el gobierno y los trabajadores. Fundado el 21 de abril de 1972, inició operaciones el 1 de mayo de ese mismo año, durante la administración del expresidente, Luis Echeverría.

Desde ese año el Instituto comenzó a otorgar créditos hipotecarios para que los trabajadores adquirieran, construyeran, ampliaran o remodelaran sus hogares, y participó en la construcción de unidades habitacionales en gran escala. Las primeras unidades habitacionales construidas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en México se desarrollaron en la década de los setenta, poco después de la creación del Instituto en 1972.

Una de las primeras y más destacadas fue la Unidad Habitacional Infonavit Iztacalco, ubicada en la alcaldía del mismo nombre, en la Ciudad de México, la cual cuenta con 5 mil 691 viviendas.

Para 1992, se decretó que el organismo se enfocaría sólo en el financiamiento y delegaría la construcción de vivienda al sector privado. La decisión se alineaba con la tendencia global de reducción de la participación del Estado en el desarrollo de complejos habitacionales para promover la colaboración con el sector empresarial y satisfacer la demanda residencial.

Así, durante 32 años, el instituto se dedicó a financiar más de 10 millones de viviendas. Tan sólo para 2024 proyectó cerrar el año con 340 mil créditos destinados a la adquisición de un hogar nuevo, existente o compra de terreno; 14 mil créditos para construcción en terreno propio, y 224 mil créditos para reparar, remodelar o ampliar la vivienda, de acuerdo con datos del Gobierno Federal.

Sin embargo, el 5 de febrero de 2024, el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de 20 iniciativas, dentro de las que se proponía que el organismo de vivienda recuperara sus facultades para el desarrollo de inmuebles; No obstante, debido a las diferencias entre las fuerzas políticas del país y la priorización de otras modificaciones, el proyecto no logró posicionarse dentro de la agenda legislativa.

La reforma que sacudió al Instituto

Más de un año después, ahora con Claudia Sheinbaum al frente del Poder Ejecutivo y ambas cámaras, tanto la de Diputados como el Senado sumando la mayoría de los legisladores del partido oficialista, la reforma fue aprobada.

El 13 de febrero, después de cerca de cinco horas de discusión, se aprobó en el Pleno de la Cámara de Senadores el dictamen referente a la minuta con el proyecto de decreto de dichas modificaciones.

En ese momento, los partidos políticos de oposición afirmaron que la reforma pondría en riesgo los 2.4 billones de pesos que el organismo tiene en activos. Los defensores de la nueva facultad del Instituto argumentaron que sólo se utilizará 0.55% de estos fondos.

“Estamos hablando de que el Infonavit pueda disponer de más de 2 billones de pesos, que no son del gobierno, son de los trabajadores, son ahorros personales que están en cuenta del banco de los trabajadores en lo que se llama subcuenta de vivienda”, afirmó el coordinador de la bancada panista en el Senado, Ricardo Anaya.

“Se están agandallando el dinero de las y los trabajadores. Ya que les encanta hacer consultas, ¿por qué no les preguntamos a los trabajadores de México si están de acuerdo con que se agarre su dinero y se lo transfieran a una empresa del gobierno?”, dijo el senador blanquiazul, Marko Cortés.

Con la modificación constitucional ya publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se pondrán en marcha las nuevas facultades, lineamientos y programas derivados de este nuevo mandato del Infonavit, que traen consigo una serie de cambios en toda su estructura de gobernanza.

Adiós a las direcciones sectoriales

De esta manera, dentro de la administración del Instituto desaparecerán todas las direcciones sectoriales de trabajadores y sector empresarial, se reducirá el número de integrantes de la Asamblea General y Consejo de Administración, su director general será designado por la Presidencia de la República y tendrá derecho a veto para suspender las resoluciones del Consejo de Administración y de la Comisión de Vigilancia que no se adopten por unanimidad.

En este sistema de vivienda, las direcciones sectoriales se encargaban de gestionar y supervisar distintos aspectos relacionados con la construcción, la promoción de vivienda, los servicios financieros y la atención a derechohabientes.

La Asamblea es la autoridad suprema dentro del organismo, se integrará por 30 personas, 10 designadas por el Poder Ejecutivo, 10 por las organizaciones nacionales de personas trabajadoras y las 10 restantes por las organizaciones de personas empleadoras.

Cada una tendrá un suplente, y cada integrante de la Asamblea durará seis años en el puesto, pudiendo ser removidos libremente por el sector que los designó.

Los sectores que conforman el sistema también deberán nombrar a nueve personas para ocupar un lugar en la Comisión de Vigilancia, con un suplente cada uno y ninguno podrá pertenecer a otro organismo.

El Consejo de Administración es responsable de la política general y presupuestaria del Instituto, además debe garantizar decisiones que reflejen los intereses de todas las partes involucradas en el sistema de vivienda, mientras que la Comisión de Vigilancia está encargada de realizar auditorías, evaluar la gestión de recursos y asegurarse de que se cumplan los estándares de transparencia y rendición de cuentas.

En torno al componente financiero, la reforma establece que ahora la Asamblea General sólo conocerá las proyecciones del Infonavit a cinco años, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores auxiliará a la Secretaría de Hacienda para fijar normas de carácter prudencial en materia de crédito y la fiscalización estará a cargo de la Auditoría Superior de la Federación.

Con respecto de las funciones operativas, indica que el objeto del Instituto será ampliado para construir vivienda y otorgar en arrendamiento social los hogares construidos mediante la constitución de una empresa filial, que deberá estar sujeta a la legislación mercantil.

El nuevo Infonavit: más eficiencia o más incertidumbre

Ante este nuevo mandato, Gerardo Rodríguez, director jurídico de Grupo Inmobiliario Zona Poniente (GIZP) comentó que existe preocupación por el manejo que se le podría dar a la suma de 2.4 billones de pesos proveniente de la subcuenta de vivienda de los trabajadores.

“Dejar esos recursos en manos de una empresa constructora de reciente creación, que no tiene la experiencia ni los conocimientos, son aspectos en donde se apuntala más el nerviosismo: que el dinero quede a merced de un proyecto del que nadie sabe cómo va a salir”, dijo.

También apuntó que aún no se define la manera en la que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores auditará a la nueva empresa.

Con anterioridad, Luis Alberto Monroy, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), estimó que se requeriría de una estructura organizacional de entre 10 mil y 12 mil personas.

En la misma línea, Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), mencionó que construir una compañía con esa función tomaría hasta dos años.

“Llevaría este tiempo para constituirla administrativamente, jurídicamente, legalmente. Además de eso, son décadas para estar formando la experiencia, no sólo es formar la empresa, es la expertis, es la carrera profesional empresarial de un constructor”, enfatizó

También refirió que en México existen dos millones de viviendas abandonadas y 4 millones deshabitadas por diferentes motivos, mientras que el 60% de la población económicamente activa aún no puede acceder a este tipo de financiamiento, por lo que indicó que el Instituto requiere una reforma más profunda para afrontar estos retos.

En conjunto con la inversión privada, los trabajadores también expusieron sus inquietudes y preocupación por el nuevo modelo operacional. Mediante un comunicado conjunto, una decena de sindicatos, liderados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), advirtieron que “la decisión de avalar el dictamen, sin ajustes, representa una regresión que afecta la representación de los sectores productivos (empresarios y trabajadores) y vulnera la certeza en el manejo de los recursos de los trabajadores”.

Además, recordaron que previo a la aprobación de la reforma, realizaron ruedas de prensa y pronunciamientos públicos en todos los estados del país, en los que también participaron más de 100 organismos empresariales y sindicatos locales.

“En cada uno de nuestros pronunciamientos, trabajadores y empresarios reafirmamos nuestra unidad en la defensa de un Infonavit sólido, transparente y equitativo. Coincidimos en la importancia de fortalecer la institución, proteger los ahorros de los trabajadores derechohabientes y garantizar una toma de decisiones tripartita y paritaria, en acuerdo con los tres sectores. Asimismo, exigimos que los recursos, propiedad exclusiva de los trabajadores, sean administrados con total transparencia y responsabilidad, se lee en el manifiesto.

Asimismo, criticaron la nueva estructura administrativa y apuntaron que “las direcciones sectoriales debieron permanecer sin cambios, pues esas instancias son esenciales para proveer asistencia técnica y operativa a los representantes de trabajadores y empresarios, facilitando una participación informada y efectiva en la toma de decisiones. Su desaparición deja sin herramientas a los sectores para evaluar y mejorar la operación del Infonavit”.

En suma, reiteraron su compromiso con la defensa de los trabajadores y con una estructura de supervisión efectiva en el uso de recursos del instituto. “Seguiremos exigiendo transparencia, rendición de cuentas y el fortalecimiento de los órganos de representación para evitar decisiones unilaterales que perjudiquen a los trabajadores, y, sobre todo, nos mantenemos abiertos al diálogo efectivo en beneficio de los derechohabientes”, comentaron.

Con respecto de la nueva facultad del organismo para crear vivienda mediante la constitución de una filial, sentenciaron que al tratarse de una empresa “sin mecanismos claros de supervisión y transparencia, abre la puerta a posibles conflictos de interés y al uso discrecional de fondos destinados a los trabajadores, desviando el objeto central que es otorgar el acceso a créditos de vivienda”.

Agregaron que, en el contexto actual, “en el que México enfrenta retos económicos y comerciales que exigen fortalecer la competitividad y el Estado de derecho, es imprescindible mantener la unidad y garantizar que las decisiones legislativas fortalezcan los derechos de los trabadores y la estabilidad de las instituciones”.

Sobre la vigilancia y fiscalización de la. nueva empresa, Rolando Silva, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMPC), afirmó que la filial ejercerá una competencia desleal frente al resto de desarrolladores, debido a que la empresa también estará exenta de pagar Impuesto Sobre la Renta (ISR)

También consideró que como la nueva filial tendrá el objetivo de lograr que los mexicanos con menor rango salarial puedan adquirir vivienda a precios muy bajos, es probable que la empresa no tenga utilidades.

Edgar Enríquez Álvarez, presidente de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social del IMCP enfatizó que debe de haber un mayor control y regulación sobre las disposiciones de la reforma, toda vez que “no hemos llegado al detalle de todas estas reglas que establecerá Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)”.

Amparo y derecho de petición: los trabajadores pueden reclamar su dinero

Eduardo Lima Gómez, abogado especializado en materia fiscal y autor del libro Multas y delitos fiscales, sostuvo a Buzos que, si bien nuevo mandato del organismo se relaciona directamente con el artículo 123, fracción 12 constitucional hay puntos de la reforma que podrían fortalecerse, en particular el tema del control en el ejercicio del gasto.

En cuanto a la nueva filial, comentó que llama la atención que el Gobierno Federal decidiera constituir una nueva empresa, pero la situación no está tan alejada de la tendencia gubernamental de trabajar con el sector privado.

Tampoco consideró que no pudiese existir un conflicto de interés, ya que las propias modificaciones establecen dos grandes áreas. Dentro del Instituto la Asamblea seguirá teniendo una configuración tripartita y será regulada por el gobierno, mientras que la constitución de la nueva empresa desarrolladora de vivienda deberá regirse por las leyes mercantiles.

Explicó que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la reforma, existe un párrafo en el cual tanto el instituto por sí mismo, como la filial podrá destinar los recursos bajo su administración para llevar a cabo inversiones como la construcción, adquisición o mantenimiento de inmuebles. “En términos amplios se faculta al Infonavit y a la filial para usar estos fondos, pero no establece que la totalidad de estos fondos.”

Además, detalló que “estará sujeto a los órganos de control y vigilancia (…) es muy importante estipular que dentro de la propia legislación se desprende que esos fondos son propiedad de los trabajadores que los aportaron. Esta afirmación es muy importante porque nos revela que, no se está haciendo una cesión de derechos respecto de estas cantidades para que el Infonavit los establezca libremente”.

También aseguró que en el momento en el que se pretendiera hacer un mal uso, los trabajadores tienen el derecho de hacer un reclamo para solicitar la devolución y entrega de este dinero.

En este sentido, enfatizó que se cuentan con los medios de defensa con los que las personas pueden hacer una solicitud en atención a que los trabajadores son dueños de esos recursos.

“Yo planteo la posibilidad de que se genere (un reclamo) a partir de un derecho de petición. El artículo octavo les da la posibilidad a las personas de hacer solicitudes particulares a una autoridad respecto de un tema específico. Entonces una persona lo podría hacer, acudir y hacer esa manifestación”, expresó.

Otra forma de recuperar los recursos es mediante un juicio de amparo, en donde se solicitará la revisión del asunto y se plantearán las razones por las cuales no están de acuerdo con las nuevas facultades del organismo sobre la subcuenta de vivienda.

“Un juez de amparo pudiera determinar quién tiene la razón, si eventualmente o si efectivamente existe una vulneración a la ley o si este cumple de manera general con los derechos establecidos por la propia constitución”, declaró.

Con este panorama y con las modificaciones ya operando, los nuevos organismos del instituto deberán quedar integrados y los sectores participantes en la gobernanza deberán renovar a sus integrantes para la conformación de la Asamblea General 

El Instituto también tendrá que renovar a su titilar de Auditoría Interna en los 30 días naturales después de la entrada en vigor del decreto, y deberá concretar la constitución de su empresa filial.

En suma, se le darán 180 días para publicar las reglas por las cuales se otorgarán viviendas en arrendamiento social, mientras que la Secretaría de Hacienda sólo dispondrá de 90 días para emitir las disposiciones de crédito para el Instituto. Se prevé que Octavio Romero Oropeza, director general del organismo, presente públicamente los cambios relacionados con esta modificación.