Reportaje
Por María Fernanda Antúnez Toscana
A nivel nacional, hay aproximadamente 300 mil personas víctimas de trata de personas y 80 mil de ellas se encuentran ubicadas en la Ciudad de México, de acuerdo con un informe publicado en 2021 por la organización The A21 Campaign, la cual se dedica a combatir este crimen mundialmente.
México ocupa el tercer lugar en el delito de trata de personas a nivel global, de acuerdo con la investigación desarrollada por la organización. Tailandia y Camboya ocupan el primer y tercer lugar, respectivamente. En dichos países el principal objetivo de la trata es el de la explotación sexual ajena a través de la prostitución.
Por su parte, el Informe Global sobre la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de 2020 arrojó que alrededor de 50% de las víctimas de este crimen son mujeres. En el caso de los menores de edad, las niñas pertenecen a 19% y los niños 15%
Resulta relevante mencionar que desde 2019, los casos de trata de personas han tenido un repunte significativo, donde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) comunicó que existían 1.3 víctimas por cada una de las carpetas de investigación iniciadas.
A su vez, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) anunció que el número de niñas, niños y adolescentes víctimas de este fenómeno delictivo aumentó en 45.8% entre 2020 y 2021, y según las estimaciones: lo mismo sucederá este año.
Igualmente, esta coalición de 77 organizaciones de la sociedad civil mexicana enfocada en desarrollar programas en favor de la infancia y adolescencia en situaciones de vulnerabilidad enfatizó que fue el año pasado cuando más desapariciones de personas de cero a 17 años se registraron en el país.
La trata de personas tiene muchos fines: explotación de la prostitución ajena, venta de órganos, servidumbre, mendicidad y trabajo forzoso, entre otros. De igual modo, está constituido por tres elementos esenciales que son: acciones, medios y fines. Asimismo, está involucrada la transnacionalidad y la participación de grupos de delincuencia organizada.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), puntualiza que este fenómeno se centra en: “La captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza.” Entre otras formas de coacción están el rapto, fraude, engaño, abuso de poder o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. Este delito también incluye la concesión o recepción de pagos y beneficios para obtener el consentimiento de una persona, que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
Respecto de los protocolos de denuncia, las autoridades señalan que se deberá llamar al 911, al 088 de la Guardia Nacional o comunicarse directamente a la Línea Contra la Trata. Sin embargo, desde afuera es muy complejo que alguien reconozca los elementos que identifiquen que una persona está siendo víctima de este delito. Mientras que las personas que padecen los estragos de este crimen pocas veces tienen acceso a realizar una denuncia o son presas del miedo provocado por amenazas.
En relación con el combate contra la trata de personas se necesita de la implementación de políticas y procedimientos para la identificación de todas las víctimas y su respectiva remisión a programas de asistencia eficaces. Asimismo, que no se pierda de vista que son los grupos vulnerables en condiciones de pobreza, desigualdad y marginación quienes corren el mayor riesgo de ser afectados por este delito.
Existe un tratado internacional llamado Protocolo de Palermo, orientado a la prevención, represión y sanción del delito, además de estar enfocado principalmente en mujeres, niñas y niños, el cual México ratificó en 2003. Por su parte, a nivel nacional entró en vigor en 2012 la Ley General de para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Ante el incremento de este fenómeno en nuestro país se continúan exigiendo respuestas más eficientes para combatir las operaciones de grupos delictivos. No obstante, todo lo anterior queda en manos del Estado, quien tiene la obligación de formular mejores estrategias al ser este un territorio de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas.
