Por Sebastián Campos Rivera
En México, el lugar de nacimiento sigue determinando con fuerza el rumbo de vida de millones de personas. El entorno familiar, el nivel educativo de los padres, el acceso a servicios básicos y el tipo de empleo al que se accede no son elementos aislados: conforman un sistema que condiciona las trayectorias sociales y limita, desde el origen, las oportunidades de desarrollo.
Desde 2019, el Gobierno Federal ha gastado aproximadamente 2.7 billones de pesos en apoyos económicos para el bienestar de la población –equivalentes a pagar la operación de la Universidad Nacional Autónoma de México durante casi 50 años–, no obstante, 50 de cada 100 mexicanos que nacen en la pobreza no lograrán salir de esta condición en la edad adulta; es decir, heredarán la pobreza de sus padres, según el reporte de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
La movilidad social es la capacidad que las personas tienen para cambiar de posición dentro de la estructura socioeconómica en el transcurso del tiempo; mide las oportunidades y calidad de vida de los individuos con respecto de otros e incluso en comparación a sus padres.
En los países con alta movilidad social, las personas pueden superar fácilmente el contexto de nacimiento; por el contrario, en naciones con baja movilidad como México, el destino suele estar determinado por el origen. Este indicador sirve como un reflejo de la economía, pues tiene implicaciones directas sobre la igualdad de oportunidades, el crecimiento y la estabilidad política.
En México, la mitad de las personas que nace en el 20% más pobre de la población se queda ahí. De ese grupo, sólo 2% logra llegar al sector más rico, por lo que puede acceder a mejores oportunidades laborales, mayores niveles de ingreso, redes de contacto influyentes y servicios de alta calidad en salud, educación y vivienda, que les permite sostener e incluso ampliar su ventaja económica.
En la más reciente edición del reporte del CEEY se dividió a la población encuestada en quintiles estadísticos; es decir, se tomaron a todas las personas que participaron en su estudio y las dividieron en cinco grupos de igual tamaño.
De esta manera, resultaron cinco niveles socioeconómicos que no son aleatorios, sino que fueron construidos para reflejar diferencias claras en las condiciones de vida de la población. El primer quintil representa a las personas en situación de mayor pobreza; el segundo agrupa a quienes tienen ingresos bajos, pero poseen mejores condiciones de vida que el primer grupo; el tercero podría corresponder a una clase media baja; el cuarto, a una clase media alta, y el quinto al sector más acomodado de México.
Entre los hallazgos destaca que quienes nacen en hogares del 20% más rico tienden a conservar ese estatus. De este total, 44% se mantiene en la cima y sólo 4% desciende al nivel más bajo.
Este comportamiento podría reflejar una estructura social rígida, donde las posiciones no se ganan, sino que se heredan, contrario al ideal meritocrático presente en países con altos niveles de desarrollo económico.
Las brechas de movilidad social no afectan a toda la población por igual, pues también influyen factores no controlados por las personas, como los servicios educativos y de salud, así como las condiciones de origen.
Las mujeres en situación de pobreza, según el análisis del CEEY, tienen menos oportunidades de ascenso y más riesgo de caída social. Sólo una de cada 100 mujeres nacidas en el quintil más bajo, logra llegar al nivel socioeconómico más alto, lo que, en comparación con los hombres, se traduce en una probabilidad tres veces menor.
El color de piel también influye, pues se encontró que, entre las mujeres de piel morena nacidas en pobreza, 62% permanecerá en esa condición toda su vida. Para los hombres de piel clara, ese porcentaje se reduce a 34%
Por región, el sur de México, que incluye a los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, reportó que 64% de quienes nacen en la base de la pirámide económica no logran superarla, mientras que en el centro-norte la cifra se reduce a 31%
La educación como barrera estructural
La educación en México es un derecho que tienen todas las personas; de ejercerse plenamente debería enriquecer a la población con habilidades y conocimientos necesarios para tener un desarrollo óptimo en la vida adulta; sin embargo, en el país no está funcionando como palanca de movilidad social, sino como un espejo de la desigualdad de origen.
En este contexto, un análisis de BBVA sentencia que, si bien el derecho a la educación en el país es una realidad, más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes no asisten a la escuela, y alrededor de 600 mil están en riesgo de abandonarla, principalmente por falta de recursos y lejanía de los planteles educativos.
De acuerdo con el CEEY, a pesar de que se ha experimentado un avance en la escolaridad alcanzada, sólo 9% de las personas, cuyos padres llegaron hasta la primaria, pudieron alcanzar la formación profesional, en cambio, entre las personas con padres con estudios universitarios, 63% sí logró hacerlo.
Este dato implica que quienes tienen padres con un nivel educativo más alto cuentan con una probabilidad de acceder a una formación profesional siete veces mayor que aquellas cuyos padres sólo terminaron la primaria. Sin embargo, existen otros factores y estadísticas más alarmantes, que permiten observar el verdadero rezago del sistema educativo de México.
Pablo Moreno y Marco Antonio Fernández, del Programa Anticorrupción y Educación de México Evalúa, indicaron que el país no cuenta con un sistema que permita analizar las trayectorias educativas de los estudiantes.
“A pesar de múltiples esfuerzos, México aún no cuenta con un sistema efectivo para saber en qué momento de la trayectoria educativa los estudiantes se encuentran con dificultades; cuando se obtienen mejores resultados de aprendizaje o incluso, por qué los jóvenes cambian entre opciones educativas o salen del Sistema Educativo Nacional (SEN)”, dijeron.
En este sentido, detallaron que la urgencia de analizar el SEN recae en la corta trayectoria de los estudiantes, toda vez que únicamente 7.1% de los niños reciben atención educativa durante los primeros tres años de vida y 62.4% durante la edad preescolar.
Especificaron que el bachillerato es donde más personas abandonan los estudios: de cada 84 que ingresan, 52 logran concluir el nivel medio superior y sólo 28 de cada 100 personas que inician estudios de primaria, terminan la educación superior.
De acuerdo con los expertos, entre las razones por las que los jóvenes de entre 12 y 22 años abandonan la escuela, destacan la falta de dinero o recursos, apatía por el sistema educativo, calificaciones bajas, aprendizajes deficientes, repetición de cursos e inasistencia.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) indicó que “los gastos asociados con la educación, como materiales, uniformes o transporte, así como la necesidad de apoyar con actividades domésticas remuneradas, contribuyen a la deserción escolar y dificultan la permanencia de las infancias en el sistema educativo formal”.
Los factores antes mencionados llevan afectando a la sociedad mexicana durante generaciones. En entrevista, Amira Cruz, de 50 años y originaria de Tehuacán, Puebla, comentó que sólo pudo cursar la preparatoria, en gran medida por la situación económica que experimentaba en aquel momento, y la poca oferta escolar. Le hubiese gustado concluir la licenciatura en derecho.
“Sólo terminé hasta la preparatoria, por la situación económica, y en esos tiempos no había muchas universidades, entonces teníamos que viajar para poder asistir (…) y pues era más gasto y la economía no era buena”, dijo.
Lo mismo le sucedió a Erick Palma, de 32 años, quien vive en Chimalhuacán, al oriente del Valle de México, quien comentó que las condiciones socioeconómicas de su familia lo orillaron a tener que trabajar.
“Yo terminé la preparatoria, tengo una carrera técnica en administración (…) hice mi examen en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), pero no me quedé”, señaló.
Explicó que no pudo considerar una opción privada, debido a las condiciones económicas de su familia: “En ese tiempo mi hermano estaba en la universidad, yo estaba por entrar igual; mi hermana iba a entrar a la preparatoria, entonces ya eran muchos gastos para mis papás tener a tres adolescentes en nivel medio superior.”
Para Ashley, de 18 años, el panorama fue distinto, pues actualmente estudia Ciencia de Datos en el IPN; sin embargo, consideró que en México el principal factor en contra para que los jóvenes estudien es la economía, e incluso dijo que en el país se le ha restado importancia a concluir la formación profesional.
“Se tiende mucho a demeritar lo que es una licenciatura, hay veces que la gente no le toma la importancia que debería (…) Si bien, no te garantiza un futuro, te abre algunas puertas que no tendrías sin el título”, afirmó.
Para abordar esta problemática, BBVA recomendó mejorar los contenidos educativos y evaluar a los maestros, así como brindarles capacitaciones periódicamente, mientras que el CIEP indicó necesario replantear las políticas públicas destinadas a los jóvenes, pues consideró que los actuales programas son limitados y carecen de alternativas focalizadas a las familias más pobres.
Por su parte, México Evalúa enfatizó que “enfocar las políticas correctivas solamente en la distribución de becas para atender las carencias monetarias es contraproducente, pues deja de lado variables que son igual o incluso más importantes. Un enfoque tan estrecho impide visualizar el programa, y da fruto a iniciativas ineficientes que no logran atacar efectivamente las raíces del problema”.
Primero los pobres: una promesa inconclusa
El comportamiento del indicador de movilidad social y su relación con la pobreza ha cambiado de manera sustancial, al menos desde los primeros dos años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). De acuerdo con datos del extinto Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social (Coneval), en este periodo la cantidad de personas en situación de pobreza aumentó en dos puntos porcentuales, al pasar de 41.9% en 2018 a 43.9% en 2020.
Este dato significó que 55.7 millones de personas fueron consideradas como pobres en 2020, mientras que en el año previo se contabilizaron 51.9 millones; es decir, un incremento de 3.8 millones de personas.
Desde que el Coneval comenzó a medir oficialmente la pobreza en 2008, el incremento registrado en 2020 fue el más alto tanto en términos absolutos como en términos porcentuales, lo que representa un retroceso significativo.
El porcentaje de población en situación de pobreza en 2020 superó ligeramente al observado en 2016, lo cual rompe con la tendencia a la baja que se había logrado entre 2014 y 2018, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando los indicadores mostraban una contracción.
Estos elementos dependen esencialmente de las decisiones del Estado, que actúa como principal proveedor de bienes y servicios públicos. Cuando el Gobierno no garantiza su acceso de manera equitativa, contribuye a reproducir las desigualdades y limita la posibilidad de que las personas cambien su posición socioeconómica.
Al respecto, el doctor en Procesos Políticos por la Universidad de Salamanca, Ignacio Martínez Espinoza comentó en un artículo sociológico de su autoría que “a pesar de tener como eje articulador el ‘Primero los pobres’, el gobierno de la 4T no tiene un programa social focalizado en la población pobre.
“La población tanto en el ámbito urbano como rural que recibe ingresos inferiores a las líneas de pobreza no tiene opciones de programas sociales para mitigar su situación (…) Además, tampoco hay programas sociales que protejan a la población vulnerable en situación de calle o desempleada”, mencionó.
Según el experto, esto sucede porque AMLO canceló el programa Progresa-Oportunidades-Prospera “y decidió transferir sus recursos al Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez”, sin crear un programa focalizado en atender ese vacío.
Progresa, Oportunidades y Prospera son nombres que representan la evolución de un programa social diseñado para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables. Iniciado en 1997 como Progresa, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, fue pionero en México y en América Latina por su enfoque de transferencias monetarias condicionadas. Esto significaba que las familias recibían apoyo económico a cambio de cumplir con corresponsabilidades, como asegurar que sus hijos asistieran a la escuela, acudieran a revisiones médicas periódicas y participaran en talleres de nutrición.
En 2002, bajo la administración del expresidente Vicente Fox, el programa fue renombrado a Oportunidades, expandiendo sus beneficios y cobertura, para 2014; durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se transformó en Prospera, con un enfoque más amplio en la inclusión productiva y financiera de los beneficiarios, además de mantener los pilares de salud, educación y alimentación. A lo largo de sus distintas etapas, estos programas buscaron romper el ciclo intergeneracional de la pobreza, empoderando a las familias a través del acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo.
De acuerdo con datos oficiales, Progresa-Oportunidades-Prospera atendió a 6 millones 869 mil 53 familias con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo. Si se toma en consideración que el Coneval contabilizó 9 millones 830 mil 134 hogares en esta situación, el programa cubrió a aproximadamente 69.87% de las familias más pobres de México.
Así, Martínez Espinoza encontró que, al menos durante los primeros dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “los hogares en pobreza recibieron menos programas sociales que en el último bienio del gobierno de Enrique Peña Nieto”, y que el número de familias pobres receptoras de programas sociales del gobierno de la 4T es el tercero más bajo del periodo 2010-2020, “lo que resulta en un déficit de 623 mil 256 hogares”.
También indicó que al ser estos apoyos de carácter universal las trasferencias de recursos públicos para este ámbito aumentaron, pero se concentraron en los niveles medios y altos de la pirámide socioeconómica, “lo que provocó que la población pobre se encuentre más deprotegida”.
Por ello, sentenció que, si bien, la política de bienestar “está teniendo alcances significativos con su enfoque universalista, la falta de una política social contundente, centrada en apoyar los ingresos de la población en extrema pobreza permite afirmar que el ‘Primero los pobres’ no se concreta todavía”.
Estos factores evidencian que los programas sociales actuales no han roto el ciclo de la pobreza. Mientras el sistema educativo no compense las desventajas de origen y el Estado no garantice servicios públicos de calidad, el ascenso social seguirá siendo un camino cuesta arriba.
Fuentes clave:
-Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
-Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social (Coneval)
-BBVA Research
-México Evalúa
-Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP)
-Testimonios.
Ignacio Martínez Espinoza: Sociólogo y politólogo mexicano, actualmente investigador en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA-UNICACH), donde también se desempeña como catedrático del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Cuenta con una Maestría en Estudios Latinoamericanos y un Doctorado en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Salamanca, España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel I y ha realizado posdoctorados en la UNAM y en el propio CESMECA.
