Soberanía energética: otra promesa incumplida de la 4T
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Diálogos

20 Feb, 2025
La administración de Andrés Manuel López Obrador no logró la soberanía energética prometida, lo que afectó la independencia del país en el sector energético y los ingresos públicos.

Este martes 18 de febrero los principales combustibles en México experimentaron pequeñas variaciones en sus precios. De acuerdo con datos de PETROIntelligence, la gasolina magna registró un precio promedio de 24.27 pesos por litro y la premium de 25.74 pesos, mientras que el diésel reportó un costo de 26.17 pesos.

De esta manera, la gasolina tipo magna incrementó su precio en 0.93%, la tipo premium lo hizo en 1.41% y el precio del diésel creció en 1.70%, en lo que va de 2025.

En México, el costo de las gasolinas no depende sólo de los gastos operativos de importación, sino que hay factores adicionales como el transporte, almacenamiento, comercialización e impuestos que se incluyen en el precio al consumidor.

El alza de precios en los combustibles se dio en un contexto en el que, desde 2018, el Gobierno Federal pretendía alcanzar la soberanía energética del país, con el fin de evitar las volatilidades de los mercados internacionales que repercuten en el precio de los hidrocarburos.

De esta manera, el Estado tendría control sobre los recursos energéticos del país y reduciría la participación de empresas privadas en el sector. Para lograr esto, el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció medidas de rescate para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex). La petrolera del Estado cuenta con divisiones encargadas de la exploración y producción petrolera, así como un departamento de transporte y comercialización.

Así, la compañía estatal se convirtió en la máxima prioridad de la administración obradorista. Según un reporte del centro de evaluación de políticas públicas, México Evalúa, la empresa recibió 2.2 billones de pesos en apoyos fiscales de 2019 a 2024; es decir, 4.8 veces más en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Para dar ‘oxígeno’ a Pemex, el Gobierno le ha recortado su carga tributaria. De 2019 a 2024 el Derecho por la Utilidad Compartida (DUC), el principal gravamen que pagaba la petrolera pasó de 65 a sólo 30%. Encima de esto, mediante decretos presidenciales se le ha postergado el pago de impuestos, e incluso esas obligaciones luego se han condonado”, se lee en el reporte de México Evalúa.

El DUC es una de las principales fuentes de ingresos para el Gobierno, toda vez que Pemex debe entregarle un porcentaje de la utilidad o ganancia obtenida por la producción de petróleo y gas. Se calcula sobre la diferencia entre ingresos por la venta de hidrocarburos y los costos y gastos de extracción.

México Evalúa también mencionó que además de la reducción de impuestos por utilidad compartida, a la empresa se le otorgaron 1.1 billones de pesos adicionales a través de la Secretaría de Energía, y que 67% de este monto, equivalente a 754 mil millones de pesos (mmdp) fue reasignado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fuera de calendario, “lo que habla muy mal de los controles democráticos del presupuesto”.

Pese al esfuerzo de la administración de López Obrador por rescatar a la compañía, Pemex no logró detener la caída de su producción. Produjo en promedio un millón 485 mil barriles diarios de crudo al cierre de 2024, quedando así por debajo de la meta establecida por la SHCP de un millón 745 mil unidades diarias. En ningún año del sexenio obradorista se cumplió este nivel.

Fracaso fiscal

Esta reducción impositiva hacia Pemex se contrapuso a la apuesta de AMLO por una mayor fiscalización de contribuyentes físicos o morales que por la naturaleza de sus ingresos o actividades no tienen formas de evitar el pago de impuestos o de reducir su carga fiscal.

Con las normas hacendarias, los ingresos del sector público llegaron a 7.4 billones de pesos al cierre de 2024; sin embargo, sólo representaron 22.1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Este porcentaje es superior a 21.2%, reportado en 2018, cuando AMLO llegó al poder, pero es la misma cifra de 2008, lo que significa que el gobierno no pudo incrementar la cantidad de recursos que aporta a la economía nacional.

En este sentido, México Evalúa afirmó que “la política de ingresos de López Obrador fue un fracaso” y afirmó que “durante todo su mandato los ingresos públicos se mantuvieron estancados respecto del tamaño de la economía y por habitante apenas crecieron tres por ciento”.

Finalmente, enfatizó que “los pocos avances en ingresos tributarios se dilapidaron por la reducción de la carga fiscal a Pemex, sin que entonces ni ahora se observe una mejora productiva en la empresa”.

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