Por Sebastián Campos Rivera

Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la política económica de Estados Unidos se ha basado en la imposición de medidas arancelarias. El mandatario anunció el 2 de febrero un gravamen general de 25% a productos de exportación mexicana, y recientemente una nueva tasación para el acero y aluminio.

Ante este panorama, el pasado 13 de febrero, el Gobierno Federal anunció el Plan México, una estrategia para fortalecer las cadenas productivas y el mercado nacional, así como la promoción de polos de desarrollo, fomento al progreso tecnológico y científico.

Otro aspecto que contempla dicha estrategia es posicionar a México como la décima economía a nivel mundial y elevar la inversión total a 25% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 y a 28% en 2030. En concordancia con el plan, el 21 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se otorgarán estímulos fiscales con el fin de incentivar nuevas inyecciones de capital al país.

Los estímulos fiscales se han otorgado desde 2023, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador aún al frente del Gobierno.

Este apoyo del fisco consiste en la deducción inmediata de inversiones. Cuando una empresa compra maquinaria, equipos u activos fijos, debe deducir su costo a lo largo de la vida útil del bien. Con el estímulo se permite deducir todo o una gran parte del gasto en el mismo año en el que se realiza la inversión, reduciendo así la base gravable y, por lo tanto, el impuesto a pagar.

Sin embargo, estos estímulos no han impulsado la llegada de nuevas empresas a territorio nacional, sino que favorecen a las compañías ya instaladas en el país, toda vez que, de acuerdo con el informe del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), durante 2023 México recibió flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) por 36 mil 282 millones de dólares (mdd).

De esta cantidad, 77.4% correspondió a utilidades reinvertidas, o sea, empresas que ya operaban en la nación; 13.9% a nuevas inyecciones de capital, y 12.7% restante a cuentas entre compañías.

Durante 2024 el panorama fue similar, pues los flujos de IED alcanzaron 35 mil 705.5 mdd, de los cuales 86% correspondieron a reinversión; 8.2% a cuentas entre compañías, y sólo 5.8% a nuevas inversiones, según el CIEP.

En este sentido, el Centro afirmó que el Plan México establece objetivos ambiciosos en un contexto de reducido espacio fiscal, menor crecimiento económico y tensiones comerciales internacionales. Por lo que “es necesario estar al tanto del destino de los estímulos fiscales promovidos por el Gobierno Federal y verificar su efectividad”.

Asimismo, señaló que “hasta ahora, son las empresas que ya se encontraban operando en el país las que más se han beneficiado de los estímulos otorgados, pues el componente de reinversión de utilidades es el que se muestra más dinámico”.

En suma, recordó que de acuerdo con la encuesta realizada a especialistas del sector privado por el Banco de México (Banxico), factores como los “problemas de inseguridad pública; falta de Estado de derecho; incertidumbre política y sobre la situación económica interna”, pueden obstaculizar el crecimiento económico.

Enfatizó que además de los estímulos fiscales otorgados por la Federación, se requiere de mayor fortaleza institucional, certidumbre jurídica, económica, Estado de derecho y seguridad pública que permita elevar el crecimiento y atraer nuevas inversiones al país.

En cuanto a la nueva política económica de Estados Unidos, el CIEP advirtió que “la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas en el mercado estadounidense podría minar los esfuerzos del Gobierno Federal por atraer nuevas inversiones”.

Finalmente, explicó que la nueva medida ocasionaría niveles inflacionarios más altos y una menor competitividad en la región, mientras que la revisión continua de aspectos extraeconómicos como el flujo migratorio y de drogas hacia Estados Unidos, incrementa la incertidumbre en el ambiente de negocios y puede reducir la inversión.