Por Sebastián Campos Rivera
El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió durante su campaña y posterior administración que no incrementarían los niveles de endeudamiento de México; sin embargo, durante su gestión, las obligaciones del país se situaron en 17.4 billones de pesos, equivalentes a 51.4% del Producto Interno Bruto (PIB).
De acuerdo con un informe de México Evalúa, la deuda pública de México durante el sexenio de AMLO se incrementó en 23% en comparación con las obligaciones heredadas de la administración de Enrique Peña Nieto (EPN).
Como consecuencia, al cierre del sexenio de López Obrador cada mexicano debía 131 mil 738 pesos, lo que se traduce en un incremento de 17% con respecto a los 112 mil 141 pesos por persona de la administración de EPN.
Los gobiernos utilizan la emisión de deuda pública para financiar sus gastos, costos operativos o nuevos proyectos de infraestructura, debido a que no cuentan con los ingresos suficientes para hacerlo.
Menos ingresos, más deuda
México Evalúa señaló que: “El Estado mexicano no se había quedado tan corto de dinero en los últimos 25 años”, toda vez que en 2024 gastó un total de 9.27 billones de pesos, y sólo recaudó 7.5 billones.
La mayoría de los ingresos gubernamentales provienen del pago del impuesto sobre la renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) e ingresos por venta de petróleo.
De esta manera, el Gobierno pagó un total de 1.15 billones de pesos sólo por intereses financieros de deuda, lo que se traduce en menores recursos para sectores clave como educación, salud, seguridad, etcétera.
Al cierre de 2024, ya con Claudia Sheinbaum al frente del Poder Ejecutivo, se destinó 3.4% del PIB para el pago de intereses por el concepto de deuda pública, mientras que sólo asignó 2.7% para el sector salud.
En México se estableció en el artículo 73 de la Constitución que todo aquel financiamiento que solicite el Gobierno debe ser destinado a la ejecución de proyectos que produzcan ingresos públicos de forma directa. Estas disposiciones tienen como objetivo evitar el mal uso del endeudamiento. No obstante, de cada 100 pesos de deuda obradorista, 53 fueron para inversión física y 47 para el pago de intereses y financiamiento de programas sociales.
Con este antecedente financiero, la presidenta Claudia Sheinbaum heredó una deuda histórica con altas tasas de interés, un importante déficit público y pocas capacidades productivas, por lo que deberá frenar el gasto en sectores prioritarios, arriesgando así la garantía de bienes y servicios públicos.
