Por Sebastián Campos Rivera
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) recibe aproximadamente 20 mil casos por año, con una taza de resolución de 90%, dijo Adrián Alcalá, comisionado presidente de este organismo, ante su posible desaparición.
El funcionario recordó que el pasado 5 de febrero, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó un paquete de iniciativas dentro del que proponía la desaparición de los organismos autónomos, como la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el INAI.
En este contexto, Adrián Alcalá recordó que recientemente el instituto sostuvo una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob), donde manifestaron su preocupación por la posibilidad de que México quede sin un organismo autónomo, independiente, imparcial y especializado en garantizar la transparencia.
“Le expresamos (a la Segob) lo que se ha avanzado, lo que se ha construido a lo largo de 20 años, hay antecesores en el cargo de comisionados, pero también hay un personal técnico muy importante, muy preparado, que sí ha ido formando en esta materia”, afirmó.
Asimismo, recordó que el organismo que preside representa el estado de derecho de México en el exterior, toda vez que encabeza cuatro redes internacionales de cooperación multilateral, como la Asamblea Global de la Privacidad, la red Iberoamericana de Protección de Datos Personales y la Conferencia Internacional de Comisionados y la Red Latinoamericana de Acceso a la Información.
Por otra parte, dijo que uno de los argumentos del Estado para desaparecer al Instituto era el gasto que representa para las finanzas públicas; sin embargo, refirió que su costo operativo es de aproximadamente mil 97 millones de pesos, lo que se traduce en 8.50 pesos por cada habitante de México, o 0.01% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación.
¿Qué retos enfrenta el INAI?
Para Adrián Alcalá, la desaparición del INAI supone que el organismo pase a manos de una Secretaría de Estado, de una agencia o una subsecretaría, por lo que se correría el riesgo de que no se cuente con el suficiente criterio objetivo para garantizar la correcta aplicación del estado de derecho.
Finalmente, afirmó que “hay un alto riesgo” de que la extinción tanto del INAI, como otros organismos autónomos también llevará a un debilitamiento democrático, toda vez que deberán observarse las características de las dependencias que integrarán en su operación las obligaciones de los autónomos.
