Economía
Por: Alondra Flores
Jeffrey Hodgson, investigador de la Universidad de Hertfordshire, refiere en su artículo ¿Qué son las instituciones? (2011) que “las instituciones económicas son sistemas durables de reglas sociales establecidas e incrustadas y convenciones que estructuran las interacciones sociales”.1 Derivado de lo anterior es posible establecer que estas instituciones proveen a las sociedades humanas de mecanismos a través de los cuales se regulan intercambios de riqueza, derechos de propiedad y asociaciones.
Estas reglas son fundamentales para garantizar el desarrollo de toda sociedad y asegurar su prosperidad. Los derechos relativos a la propiedad otorgan a los individuos seguridad en cuanto a los bienes que poseen, permitiendo que los individuos, a su vez, realicen inversiones y sacrificios con la finalidad de acrecentar su patrimonio, creando más riqueza para sí y para las sociedades en las que se encuentran insertos.
Esto es ejemplificado con el notorio crecimiento que experimentó Estados Unidos al crear una institución gubernamental cuyo objetivo era otorgar patentes a aquellos individuos que aplicaran sus conocimientos para la creación de invenciones o procesos con aplicación industrial, permitiendo que los inventores obtuvieran el derecho de explotar sus creaciones y obtener un beneficio económico de ellas. Esta protección de los derechos intelectuales supuso el registro de miles de patentes que impulsaron el desarrollo tecnológico e industrial de numerosas regiones de ese país.
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Las instituciones políticas —como la antes mencionada oficina de patentes de Estados Unidos— tienen la responsabilidad de garantizar que todos los individuos puedan acceder de manera libre a estas instituciones económicas, limitándose únicamente a evitar que exista desigualdad entre los sujetos intervinientes en la economía derivadas de la falta de balance en el acceso a las oportunidades.
Por su parte las instituciones políticas son todos aquellos mecanismos gubernamentales cuyo objeto es mantener el control de una sociedad en concreto a través de la aplicación de las leyes y del ejercicio del poder que los miembros de la sociedad le han otorgado voluntariamente (o no) a sus gobernantes. En ese sentido, toda la estructura gubernamental está compuesta por órganos con funciones distintas, pero cuyo fin último es que la estructura prevalezca.
La composición y el correcto funcionamiento de estas estructuras es vital para el mantenimiento del control y el imperio de la ley; el lector debe notar que este correcto funcionamiento no siempre implica que se genere un beneficio para todos los integrantes de la sociedad.
El desarrollo de instituciones económicas está estrechamente ligado con el tipo de instituciones políticas con las que cuente una nación en particular. Pese a que las instituciones económicas inclusivas son notoriamente benéficas para la población en general, las motivaciones que llevan a los gobernantes de una sociedad a optar por instituciones extractivas responden a los estímulos personales de obtención de poder y riquezas.
En cualquier sociedad el establecimiento de unas u otras instituciones dependerá de qué individuos obtengan más apoyo, recursos y formen más alianzas. De esta manera la distribución del poder político es vital a la hora de determinar qué grupo resulta victorioso.
Uno de los elementos más importantes para que un Estado sea capaz de imponerse y garantizar que las leyes dictadas sean respetadas —o se obligue a su cumplimiento— es la centralización del poder político. Lo anterior implica que todas las instituciones del Estado, junto con los grupos de poder que integran a la sociedad, sean susceptibles de ser dirigidos por aquellos que ostenten el poder, dando la posibilidad a los gobernantes de establecer normas y directrices que sean acatadas por sus gobernantes y hechas cumplir por sus subordinados.
“La centralización del poder político permite que el Estado mantenga el monopolio de la violencia legítima con el fin de imponer la ley y el orden en su territorio.”
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Una vez que un Estado cuenta con un sistema de poder centralizado, existe otro elemento vital que impide que este poder sea mal utilizado por aquellos que tienen control sobre él. Este elemento recibe el nombre de ‘pluralismo’, que implica que el acceso al poder, así como el ejercicio del poder mismo, se encuentran regulados de manera cuidadosa, de modo que quienes gobiernan no abusen de su autoridad con el fin de beneficiarse o beneficiar a sus allegados.
El pluralismo se garantiza con la creación de instituciones que se contraponen y fiscalizan entre sí, de modo que ninguna acumule demasiado poder; la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial que prevalece en una gran cantidad de países, aparejado con instituciones de carácter autónomo, es una forma de fomentar el pluralismo político.
Estas instituciones plurales deben estar soportadas por mecanismos mediante los cuales los gobernantes sean elegidos. Los sistemas democráticos permiten que la mayoría de los grupos de poder e ideologías existentes en una sociedad en concreto puedan ser representadas y por ende sean capaces de participar en el rumbo que habrán de tomar las instituciones de esa sociedad.
Estos sistemas democráticos permiten que los electores sean capaces de sustituir a sus gobernantes y funcionarios cuando éstos no actúen para promover el desarrollo de la sociedad, creando así un incentivo para los mandatarios no sólo para evitar conductas nocivas contra los ciudadanos, sino para buscar maneras de beneficiarlos y así mantenerse en el poder.
El siglo XX es sin duda el periodo de la historia mexicana en el que más cambios tuvieron lugar, a lo largo de este periodo ocurrieron numerosos eventos que afectaron el desarrollo nacional, dándole forma a muchas de las instituciones económicas y políticas que hoy son parte del panorama mexicano.
Sus primeros diez años fueron los últimos de la existencia del Porfiriato. Este lastimoso registro histórico, cuya duración total fue de más de 30 años, implicó un importante retraso institucional para el país. Esto se debe a que el dictador Porfirio Díaz llevó a cabo una serie de medidas que beneficiaron únicamente a unos cuantos miembros de la élite allegados a él, dejando en el olvido al grueso de la población.
Contrariamente a lo ocurrido en Estados Unidos,2 las instituciones bancarias bajo el porfiriato funcionaban de una manera muy distinta. Para inicios de la década de 1910 había dos bancos que controlaban 60% de todos los activos bancarios en México. Esta concentración de los servicios bancarios en pocas personas significó que únicamente aquellas que formaban parte de las élites podían acceder a créditos y productos bancarios similares, concentrando las riquezas y oportunidades en unas cuantas manos, impidiendo que nuevos individuos se hicieran de riquezas. Este primer ejemplo demuestra que las instituciones bancarias eran marcadamente extractivas en la época del porfiriato.
De la mano con estas estructuras se encontraban las gigantescas extensiones de tierra que eran propiedad de una sola persona (latifundios), en las cuales se explotaba de manera cruel a miles de campesinos en un sistema prácticamente idéntico al feudalismo europeo de la Edad Media.
La mecánica detrás de este sistema de explotación consistía en pagar salarios miserables a los trabajadores de las haciendas, orillándolos a contraer deudas ante los hacendados para poder subsistir.
Las deudas fueron contraídas en las denominadas tiendas de raya, donde los productos eran vendidos a sobreprecio con el objeto de que los trabajadores fuesen incapaces de liquidar sus deudas y por ende estuviesen obligados a trabajar para sus patrones por el resto de sus vidas.
Paralela a este sistema de explotación agraria se encontraba la industria de extracción minera —controlada en su mayoría por compañías estadounidenses y canadienses—, misma que no les otorgaba a sus trabajadores mejores condiciones laborales, imperando los salarios ínfimos, las medidas de seguridad inexistentes, así como las jornadas exhaustivas, haciendo que el contexto de estos fuese deplorable.
Es más que evidente que este sistema no contaba con los elementos fundamentales de las instituciones inclusivas analizadas anteriormente, eliminando incentivos y limitando la libertad de la mayoría de los miembros de la sociedad mexicana.3
En cuanto a las instituciones políticas del porfiriato es seguro suponer que éstas eran también de tipo extractivo. El ascenso al poder del general Díaz derivó de un golpe de Estado tras el cual impuso su voluntad en todo el país a través de las armas, recurriendo frecuentemente a la violencia para frenar cualquier tipo de disidencia política. Durante los 35 años que duró su gobierno los gobernadores, diputados y senadores servían al presidente de manera absoluta, por ende no existían límites de ningún tipo a la voluntad de Díaz.
Aquella falta de balance y constantes represiones a los movimientos sociales y obreros demuestra la falta de instituciones políticas inclusivas en este periodo y, además, sembró la semilla del descontento social que habría de desembocar en la Revolución mexicana.
Referencias bibliográficas
1Hodgson, J. «What are Institutions?», Journal of Economic Issue XL (2006): 73. University of Hertfordshire, base de datos.
2Hodgson, G. M. (2001). How Economics Forgot History: The Problem of Historical Specificity in Social Science. London and New York: Routledge.
3Solís, Itzel. Industrialización por sustitución de importaciones en México, 1940-1982. México, 11 de julio de 2017.
